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Por Leonel Herrera*
La reforma constitucional que establece la reelección presidencial indefinida es el acto final de la consolidación dictatorial. Por tanto, su aprobación representa el mayor abuso de poder cometido hasta ahora por la bancada legislativa oficialista.
Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados quedarán en el basurero de la historia por utilizar su función legislativa para permitir al gobernante de turno perpetuarse en el poder, en vez de usarla para resolver los problemas estructurales del país.
El primer acto de la instauración dictatorial fue la toma oficialista del Poder Judicial el 1o de mayo de 2021 mediante la destitución ilegal del fiscal general y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el retiro obligatorio de un tercio de los jueces y la aprobación de una serie de leyes contrarias al interés ciudadano.
El nuevo fiscal Rodolfo Delgado detuvo y revirtió las investigaciones que impulsaba el ex fiscal Raúl Melara, especialmente las referidas a las negociaciones del gobierno con las maras y a decenas de casos de corrupción en el uso de fondos públicos durante la emergencia por el COVID-19.
Por su parte, los magistrados de la Sala Constitucional impuestos aprobaron meses después de su nombramiento la reelección presidencial continua, a pesar de estar prohibida en una decena de artículos de la Constitución de la República. La decisión de la Sala fue asumida casi inmediatamente por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral serviles al oficialismo.
El segundo acto de la consolidación dictatorial fue, precisamente, la reelección inconstitucional de Nayib Bukele: la elección fraudulenta del 4 de febrero de 2024, la toma de posesión ilegal el 1o de junio del mismo año y su segundo mandato inconstitucional.
Y el tercer acto de la instauración dictatorial es, como dije antes, el zarpazo final contra la Constitución para permitir al gobernante actual perpetuarse en el poder. Esto es -en definitiva- el fin de la democracia, la muerte de la república y el comienzo de la dictadura abierta, desenmascarada y desalmada.
Por orden de Casa Presidencial, los tristemente célebres diputados y diputadas oficialistas también aprobaron anular la segunda vuelta en la elección presidencial, ampliar a seis años el período presidencial y reducir el actual período presidencial a tres años. Además, aprobaron la salida del país del Parlamento Centroamericano.
Probablemente el adelanto de la próxima elección presidencial al 2027 busca asegurar la reelección de Bukele y la ratificación de su mayoría legislativa antes de que la crisis económica provoque un estallido social, antes de que la popularidad presidencial sea menor, antes de que finalice el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y antes de que el bukelato enfrente un mayor aislamiento internacional.
El adelanto del tiempo electoral del oficialismo también sería para dejar menos chance a la oposición para reorganizarse y evitar el surgimiento de una alternativa democrática que desafíe la hegemonía del proyecto dictatorial.
La reforma constitucional se aprobó al mejor estilo de los “mismos de siempre”: sin ninguna consulta ciudadana, sin ningún debate jurídico-político y con la falaz justificación populista de que “el pueblo avala el cambio de régimen político”. Una reforma de tal magnitud sólo podría realizarla una Asamblea Constituyente y mediante consultas directas a la población con plebiscitos o referendos.
Por eso es oportuno el llamado de Monseñor José Luis Escobar Alas a reconsiderar la aprobación de las reformas; y la demanda de varias organizaciones sociales de revertir el paso final de la instauración dictatorial.
La pelota está en la cancha ciudadana. Ningún fenómeno social o proceso político es irreversible y, en este caso, dependerá de la actitud de la población que se termine de imponer la dictadura o que la respuesta ciudadana contrarreste al autoritarismo y abra nuevos senderos democráticos.
*Periodista y activista social.
