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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La propuesta de una negociación de un “Tratado sobre Aguas Transfronterizas”, entre Guatemala, Honduras y El Salvador, a fin de garantizar la protección de manera integral del entorno ambiental en las cuencas hidrográficas, permitiría a las poblaciones el acceso al agua potable y saneamiento de la población regional.
La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT) se pronunció públicamente en el marco de la coyuntura social que ha provocado la pandemia de la COVID-19, y señaló que solo ha expuesto la “crisis del capitalismo en su etapa neoliberal”.
“Ha demostrado que la humanidad puede y debe seguir su curso de reproducción con base en una economía que priorice la producción de bienes para cubrir las necesidades básicas y fundamentales de la población y desechar todo aquello que no tienen ninguna relevancia para la reproducción de vida”, afirmaron.
Asimismo, consideraron la “urgente” necesidad del fortalecimiento del sector público, que ha tomado relevancia en la operatividad y que se ha evidenciado en este momento coyuntural de la atención al coronavirus.
Y en el marco de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que reconoce “la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas, para el disfrute de todos los derechos humanos”, señalan que es necesario para erradicar el fallecimiento de alrededor de 1.5 millones de población infantil menores de 5 años, por falta de agua potable y saneamiento.
“Los países de la región centroamericana, Guatemala, Honduras y El Salvador, cuentan con cuencas hídricas compartidas, las cuales son parte fundamental del abastecimiento de agua potable en la región, representando el drenaje del 40 % de dichos territorios. Y que una de las amenazas ambientales más grandes sobre las cuencas hídricas transfronterizas es la sobreexplotación de los bienes naturales compartidos en dichas cuencas, siendo una de ellas los proyectos de explotación minera, las grandes represas y los monocultivos”, manifestaron.
Ante esa situación y la circunstancia de la emergencia sanitaria mundial por COVID-19, garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento en la región se convierte en una divisa fundamental para evitar contagios, así como leyes, planes, programas y proyectos las emergencias que puedan convertirse en una amenaza latente en los territorios, a fin de prevenir el desabastecimiento del agua y que incluya la equidad contra la violencia de género e intrafamiliar.
“Se debe promover y orientar la administración del bien hídrico, que hagan énfasis en la importancia de la producción y comercialización con propuestas de consumo sano, responsable y propio del territorio; apoyando a la población en la denuncia de casos de violación de derechos humanos como respaldo a las personas más vulnerables.
Y que exijan la revisión de las propuestas de leyes, planes, proyectos para que incluyan y consideren las situaciones como las pandemias”, reafirmaron.
En cuanto a las responsabilidades de la población, RedCAT reiteró la promoción de la cultura de la denuncia y el respeto a los derechos humanos, en el contexto de la región y las vulneraciones a sus derechos al agua, saneamiento y la alimentación que cometan empresas trasnacionales o el Estado mismo o particulares”, sostuvieron.
