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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Quiénes son los delincuentes? los que quieren defender la vida o los que quieren destruirla, esa es ahora la pregunta a la justicia salvadoreña”, dijo Guillermo Navarro, miembro de Cáritas El Salvador y de RedCAT capítulo El Salvador, en reacción al encarcelamiento de tres defensores de derechos ambientales de la Hacienda La Labor, Ahuachapán.
La desaprobación de parte de la Red Centroamericana de Aguas Transfronterizas Capítulo El Salvador (RedCAT) por la captura de los tres líderes comunitarios que defienden el derecho humano al agua fue tajante y la calificó como “atropello jurídico” de parte de la institucionalidad del Estado.
“Estos defensores lo único que hicieron fue defender la vida de sus comunidades en contra de los poderes políticos y económicos que se expresan en este caso en la empresa Fénix, S.A de C.V, que a su vez, pertenece a la constructora Salazar Romero”, expresó Navarro.
Asimismo, lamentó que fuera la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el órgano de Justicia los que actuaron en función de dar protección a intereses económicos, y no brindar pronta y cumplida justicia a la necesidad de acceso al agua de las comunidades.
“Es preocupante que este hecho generado en la Hacienda La Labor contra campesinos y familias humildes sea el mensaje que quieren enviar a las distintas organizaciones y comunidades que defienden el medio ambiente y otros derechos”, agregó Navarro.
En cuanto a la “represión estatal”contra personas o colectivos que defienden derechos fundamentales, Navarro lamentó que se convierta en el “marco de una estrategia que busca silenciar las voces críticas” que constantemente señalan las injusticias que cometen las instituciones del Estado, y la falta de garantías constitucionales.
RedCAT capítulo El Salvador se pronunció también ante -lo que consideran- la intención de la bancada oficialista y sus partidos satélite (GANA/PCN) de aprobar por unanimidad una Ley General de Recursos Hídricos, elaborada por el órgano Ejecutivo, que no representa las demandas ciudadanas.
Edgardo Mira, integrante de RedCAT y analista de CEICOM, compartió las dudas que han surgido en el movimiento social durante la revisión del articulado del anteproyecto de ley del agua que culminó el 21 de octubre pasado, pero sin ningún dictamen en firme.
“Constatamos que no es cierto que hayan incorporado las diferentes observaciones y propuestas realizadas por representantes de las organizaciones sociales, comunidades, juntas de agua, academia e iglesias, en el articulado de esa ley”, expresó Mira.
De la misma manera, señaló que ese texto de ley carece de aspectos fundamentales relacionados directamente con el derecho humano al agua, el saneamiento y la plena participación social en espacios de toma de decisiones, lo que define un modelo de gestión integral del agua. “Esto es lamentable porque supuso que era un proceso en donde se iban a escuchar no solo observaciones, sino propuestas que se originaron en el seno de las organizaciones y después de conocer lo aprobado vemos que están ausentes estos aspectos claves en la ley. Nos referimos a asegurar en el articulado de manera transversal el derecho humano al agua”, acotó Mira.
Sobre todo, consideró los principios sociales y prioritarios en el uso del agua que según sus estimaciones están ausentes en el articulado aprobado por la comisión Adhoc, y genera inquietud temas como el pago de tarifas y los plazos de explotación de recursos hídricos a la agroindustria e industria. “El asunto de la privatización del agua sigue estando presente en la ley, lo anterior se deduce a partir del uso prioritario del agua, los volúmenes considerados de agua para uso y aprovechamiento, lo que es lamentable, porque no han considerado la situación real de las aguas en el país y claro el pago de cánones por obtenerla”, opinó Mira.
Como RedCAT, reiteraron su rechazo ante la carencia de una “visión social ambiental” en el articulado de la Ley General de Recursos Hídricos, que tendría un impacto negativo al incluir para explotación del agua a las Áreas Naturales Protegidas, que se consideran zonas que contienen un hábitat por excelencia a diversidad de especies de flora y fauna silvestres.
“Ignoran principios claves como el saneamiento, la prevención y precaución con el recurso hídrico y desdeñan el rol ambiental que juegan los operadores comunitarios del agua. Que no son empresas privadas, sino prestadores del servicio de agua sin fines de lucro de ahí su carácter de interés social”, mencionó Mira.
Finalmente, RedCAT Capítulo El Salvador, en materia del derecho humano al agua señaló la importancia que la comisión Adhoc haga una nueva revisión a las propuestas hechas por las organizaciones sociales, comunidades, la academia y las iglesias históricas, a fin de imprimir el enfoque de derechos humanos y socio ambiental en la nueva ley,
Asimismo, hizo una petición a la administración del presidente Nayib Bukele, que brinde el reconocimiento a las Juntas, Comités o Asociaciones de Agua que trabajan dentro de las comunidades como “entes socio ambientales, y honrar el servicio social sin fines de lucro que prestan a miles de salvadoreños en donde la ANDA está ausente
Asimismo, que las autoridades acepten que esa labor social de garantizar acceso al agua potable a las familias rurales, sobre todo, aquellos asentamientos humanos que se encuentran en zonas de difícil acceso geográfico a manantiales y fuentes de agua en el territorio nacional, puedan recibir asesoría técnica y subsidios para cumplir con su labor.
