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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador instaló ayer la audiencia preliminar en contra del empresario José Adán Salazar Umaña, conocido con el alias de “Chepe Diablo”, el exalcalde de Metapán Juan Umaña Samayoa y siete personas más implicadas en una supuesta red de lavado de dinero y activos. El proceso había sido postergado varias veces este año.
La jueza Lila Álvarez denegó el acceso a los medios de comunicación a la audiencia preliminar, con base al artículo 22 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos que dicta: “Toda la información que se obtenga en la investigación del delito del lavado de dinero y de activos será confidencial”.
El representante de la Fiscalía General de la República explicó, que el monto fijado como incremento patrimonial no justificado por la red de blanqueo de capitales suma más de 508 millones de dólares entre todos los imputados y 138 millones de dólares en impuestos no pagados al Estado, los cuales constituyen el dinero lavado.
“Este dinero (138 millones de dólares) es el que circula ilícitamente dentro del sistema económico salvadoreño, se desconoce el origen de todo este dinero y por tanto es dinero ilícito”, dijo el fiscal, quien aclaró que la cifra que inicialmente se manejó de más de 200 millones de dólares era el monto sospechado como aumento patrimonial no justificado.
La fiscalía pidió que Juan Umaña Samayoa, quien es el único que guarda prisión preventiva siguiera detenido, y que el resto de imputados sigan el proceso en libertad bajo medidas alternas a la detención.
Miguel Flores Durel abogado defensor de Salazar Umaña detalló que la parte acusadora ha solicitado una ampliación de la pericia o investigación, la cual vulnera principios constitucionales como el debido el proceso y la igualdad de partes y dijo que los peritos de la parte defensora no tuvieron acceso a documentos clave en el proceso. “Los peritos tanto de la defensa como de la fiscalía tienen derecho de acceder a los documentos, en la ampliación a nuestros peritos no se les proporcionaron esos documentos de manera que hay una vulneración clara al principio de contradicción por lo que la sanción que nuestra legislación establece es la exclusión de esos elementos probatorios que han sido incorporados irregularmente”, dijo Flores Durel.
El abogado fue enfático al decir que la violación de las garantías fundamentales son un límite a cualquier prueba de investigación. Otro de los defensores manifestó que la fiscalía provocó, al solicitar pruebas fuera del tiempo estipulado, que los peritos de la defensa no tuvieran acceso a estas, por tanto estas son inválidas.
Por este caso, son juzgados José Adán Salazar Umaña (Chepe Diablo), Sara Paz Martínez Bojórquez exesposa de Salazar Umaña, José Adán Salazar Martínez y Sara Noemí Salazar Martínez, sus hijos; también el exalcalde de Metapán Juan Umaña Samayoa; Miriam Salazar de Umaña, esposa; Wilfredo Guerra Umaña, hijo del exedil; y Tránsito Ruth Mía de Guerra, esposa de este último.
Los implicados habrían utilizado más de treinta empresas de distintos rubros para realizar el lavado de dinero y activos.
