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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La representación del Estado salvadoreño presentó el lunes su informe del Examen Periódico Universal (EPU), que generó una nutrida lluvia de recomendaciones de los Estados miembro, en el cumplimiento irrestricto de los derechos de la población salvadoreña, así como ratificar convenios estratégicos en esa materia y erradicar cualquier obstáculo al cumplimiento de dichos compromisos internacionales.
Ana Geraldine Beneke vice ministra de Relaciones Exteriores encabezó la delegación del Estado salvadoreño, y dio lectura al informe sobre la situación y avances en derechos humanos en el país, en la que mencionó el trabajo realizado por el anterior Gobierno, que generó aceptación entre las naciones
asistentes y quienes al final, recomendaron en sus intervenciones ahondar en esta línea de trabajo.
Más de treinta países entre Europa, Asia y África reiteraron que debe garantizarse la protección de derechos humanos, continuar haciendo énfasis en la protección de mujeres, niñez, juventud, migrantes, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, población LGBTI y personas con discapacidad, garantizando su dignidad humana.
El EPU funciona como mecanismo de supervisión de la ONU, que se realiza cada cuatro años sobre la situación de derechos humanos de cada país. El Salvador rindió el último informe en octubre de 2014, cuyas conclusiones deben cumplirse, según explicaron
representantes del Colectivo de Organizaciones para el Examen Periódico Universal de El Salvador.
Xenia Marroquín del Foro del Agua, que forma parte del “lobby” de las organizaciones que realizan la “contraloría social”, expresó su satisfacción por las recomendaciones dadas al Estado salvadoreño, dando seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos de la población salvadoreña y la presentación de su informe alternativo del EPU-El Salvador.
“Nosotros creemos que son importantes las recomendaciones que ha recibido el Estado salvadoreño, han insistido en algunas temáticas, porque tienen mayor eco en algunos países. Y nos mueve a seguir trabajando fuertemente en este ejercicio de contraloría. La petición
de los países de una Ley General de Agua y Saneamiento es porque el medio ambiente y el reconocimiento al derecho humano al agua es un derecho que ha estado invisibilizado. Y nosotros como organizaciones sociales le pedimos a estos países, que se retomen las recomendaciones que hizo el Relator Especial del Derecho Humano al Agua (Leo Heller), quien hizo recomendaciones directas al país, así como en otros mecanismos de derechos humanos, pero que no han sido cumplidas por el Estado salvadoreño”, explicó Marroquín.
Sobre las misiones diplomáticas, valoró las recomendaciones sobre el derecho humano al agua, así como elevarlo al rango constitucional que se constituye en una lucha histórica de las organizaciones sociales y ambientalistas, que han estado incidiendo en el tema medioambiental y el respeto a la persona defensora de este derecho humano y otros que se relacionan como la salud, economía, cultura y género.
“Nosotros creemos que el lobby que realizamos fue efectivo.
En el anterior EPU solo recibió el Estado salvadoreño una recomendación al reconocimiento del derecho humano al agua. Y ahora recibimos hasta recomendaciones específicas del Relator Especial, esto es algo histórico y vamos a seguir monitoreando que se cumpla y se declare el derecho humano al agua y saneamiento”, sostuvo.
Saúl Baños de FESPAD llamó la atención que entre las recomendaciones al Estado salvadoreño, en materia de seguridad pública, en proyectos y programas de la administración anterior, le sugieren la profundización en ciertos aspectos, pese a que se han desmontando muchas instituciones que las articulaban.
“Algunos funcionarios ya plantearon que el Plan El Salvador Seguro, ya no continúa; entonces el reto es trasladarle la pregunta al Estado salvadoreño, para que respondan si van a continuar con este Plan, aunque como FESPAD hemos recibido información de funcionarios que ya no va”, acotó.
En cuanto a derechos sociales, Baños comentó la reiteración de otros países a que El Salvador continúe desarrollando los programas que implementó en años anteriores, que viene a quedar en incertidumbre por la supresión de las cinco secretarías de la Presidencia, por la administración del presidente Nayib Bukele.
“Se refirieron a la Secretaría de Inclusión Social, específicamente, porque la ven con buenos ojos; no obstante creo que la delegación (salvadoreña) no ha informado que han desmontado la Secretaría de Inclusión Social, como las otras. La pérdida de esa institucionalidad que se venía capitalizando es una especie de retroceso para El Salvador. Y debemos de reconocer que el recuento de lo hecho en materia de derechos humanos es lo que hizo la administración del gobierno anterior (en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén), logrando felicitaciones de lo que se hizo anteriormente -por parte de otros Estados- sin saber que ya están desmontadas. Solo esperaríamos que la delegación salvadoreña tenga la decencia de informar que han desmontado muchas de estas iniciativas y esto es preocupante”, argumentó.
Asimismo, el Colectivo de Organizaciones para el Examen Periódico Universal de El Salvador destacó el llamado de atención a los derechos relacionados con la libertad de expresión, pueblos indígenas, así como ratificación de convenciones como la prevención de la desaparición forzada, la tortura y el 169, entre otros.
“El tema de la despenalización del aborto en sus cuatro causales fue reiteradamente recomendado, así como el tema de la política de temas indígenas, industrias extractivas y la violencia contra la niñez”, puntualizó Baños.
