Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Por David Alfaro
18/01/2026
La retirada y destrucción de uniformes escolares en centros educativos de Usulután no es un hecho menor ni un simple cambio administrativo. Es una muestra clara de desorden institucional, despilfarro de fondos públicos y desprecio por la economía local, todo envuelto en silencio oficial.
Durante la segunda semana de enero de 2026, la Dirección Nacional de Educación inició el retiro de uniformes que habían sido confeccionados en 2025 y que nunca fueron entregados a los estudiantes. Las prendas permanecían almacenadas en las escuelas desde octubre del año pasado, pese a que las familias ya habían dado tallas y esperado su distribución.
Docentes y directores confirman que la orden llegó sin explicaciones claras. Simplemente se les indicó recoger los uniformes. No hubo circular oficial, ni justificación técnica, ni información sobre el destino final de esas prendas. Solo después, por comentarios internos, se supo que serían eliminadas y sustituidas por un nuevo diseño importado.
Según fuentes vinculadas al proceso, los uniformes retirados serían quemados. Prendas nuevas, pagadas con dinero público, destinadas a desaparecer sin haber cumplido su función. Mientras tanto, el Ministerio de Educación impulsa un nuevo paquete escolar con pantalón azul y camisa tipo polo color cian, acompañado de zapatos y cuadernos, ahora empacados con fines estéticos y traídos desde el extranjero (Brasil).
Este cambio no solo revela improvisación. Revela un golpe directo a la economía nacional. Durante años, el programa de uniformes escolares fue una de las pocas políticas públicas que sí llegaba a las comunidades. Talleres, sastres, microempresas y cooperativas de pueblos y cantones encontraban ahí una fuente de ingreso que permitía sostener hogares enteros.
Hoy ese dinero ya no circula en el país. Más de 50 millones de dólares que antes fortalecían economías locales están siendo desviados a grandes proveedores y a la importación. Familias que dependían de esos contratos quedaron fuera, sin alternativas ni compensación.
Las cifras oficiales son contundentes. Entre junio de 2024 y mayo de 2025, el Estado pagó más de 52.9 millones de dólares en uniformes, zapatos y útiles escolares. Sin embargo, en 2025 solo se entregó un uniforme por estudiante, cuando el programa tradicionalmente contemplaba dos. El segundo quedó en bodegas, y ahora se retira para desaparecer.
La pregunta es inevitable: quién responde por esos millones gastados en prendas que nunca llegaron a manos de los niños. Quién decidió que era aceptable destruir uniformes nuevos en un país donde miles de estudiantes asisten a clases con carencias básicas. Quién asumirá la responsabilidad política y administrativa de este desperdicio.
Hasta ahora, no hay respuesta oficial. No hay comunicado del Ministerio de Educación. No hay rendición de cuentas. Solo órdenes que bajan y se ejecutan, y comunidades que observan cómo el dinero público se pierde mientras se profundiza la precariedad.
Esto no es solo un problema de uniformes. Es un problema de modelo. Un gobierno que improvisa, que privilegia la imagen sobre la planificación, que sustituye producción nacional por importación, y que normaliza el despilfarro mientras habla de eficiencia.
Las comunidades educativas no están pidiendo favores. Están exigiendo explicaciones. Quieren saber qué se hizo con su trabajo, con su dinero y con un programa que, lejos de ayudar, hoy se ha convertido en símbolo de desorden y exclusión.
En un país con pobreza, desempleo y necesidades urgentes, quemar uniformes nuevos no es solo un error. Es una ofensa.
Con notas de Izcanal
