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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Mesa Permanente por la Gestión de Riesgo (MPGR) recomendó al Gobierno que, ante la reciente reapertura económica, es importante que oriente recursos para impulsar una campaña dirigida hacia las comunidades, sensibilizándolos en medidas preventivas ante la COVID-19 y no spots propagandísticos.
En su comunicado, la MPGR señaló que es de vital importancia que la población reciba “información adecuada de las fuentes oficiales” y que estos, a su vez, cumplan las recomendaciones emitidas por las autoridades, para evitar la reproducción de rumores e información que no emitan las autoridades.
Luego de cinco meses de que el Gobierno confirmó el primer caso de COVID-19 en El Salvador, el 18 de marzo de 2020, la cifra de contagios ha superado ya los 24,000 y el número de muertes se acerca a las 700 y hay más de 300 personas en estado crítico, según las últimas cifras oficiales.
“En este marco, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) se solidariza con las personas afectadas por la enfermedad y sus familias que han cargado con los efectos de una situación para la cual no estábamos preparados y preparadas”, señalaron.
Asimismo, recordaron al Gobierno que, sin importar la reapertura económica, la incertidumbre en la población continúa; por lo tanto, se convierten en grandes retos y acciones que deberá poner en práctica, a fin de contribuir en la atención de la pandemia de una manera integral.
“Como Sociedad Civil organizada, en su momento evaluamos de manera positiva algunos esfuerzos que se hicieron en el inicio de la pandemia por parte del Ejecutivo; asimismo, valoramos oportuno el decreto de Estado de Emergencia Nacional, aprobado por la Asamblea Legislativa, que ofrece un sustento jurídico que atiende las directrices constitucionales; sin embargo, es importante señalar y llamar a cambiar acciones y posiciones políticas que no contribuyen a combatir esta amenaza de forma unificada, transparente y con estrategias claras de atención”, manifestaron.
Señalaron que en el enfoque de respuesta al COVID-19 por parte del Gobierno ha ocasionado una desatención del componente preventivo en las comunidades y de atención de enfermedades crónicas, generando una carencia en la promoción de la salud, que está definido en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reafirman estas medidas de protección de salud, así como su acceso.
“El impacto en la salud de las personas por el confinamiento, sumado a la estrategia del miedo y otros factores como el desempleo, son problemas que en el corto y mediano pueden tener serias consecuencias en la recuperación de la llamada nueva normalidad, es urgente se retomen acciones encaminadas a la salud mental como medida de mitigación ante el desastre ocasionado por el mal manejo de la pandemia”, reiteraron.
En cuanto a la entrega de medicamentos a pacientes que no se les ha realizado la prueba de COVID-19 y la entrega de medicamentos por parte del Ministerio de Salud a personas con sospechas de ser portadoras del virus, la MPGR expresó su preocupación por los riesgos que esto puede causar a la salud y en específico a aquellas personas que tienen algunas patologías, ya que, médicos expertos advierten sobre el peligro de la no regulación del tema de la automedicación, que agravaría la crisis sanitaria, así como otros aspectos de la realidad nacional.
“La crisis del agua es un elemento que imposibilita cumplir las medidas de higiene para prevenir el virus. Son innumerables las poblaciones tanto del área rural y urbana que carecen del vital líquido, por lo que no pueden cumplir las recomendaciones tal como las indican las autoridades de Salud, situación que las pone en altísimo riesgo de contagio”, afirmaron.
Sobre la crisis hídrica en el contexto de la pandemia del COVID-19, la MPGR exhortó al Gobierno y la Asamblea Legislativa a discutir, aprobar e implementar una Ley General de Aguas, con un enfoque de derechos humanos para dar cobertura a grandes mayorías, que desde hace 13 años viene proponiendo el movimiento social del país.
Sobre la seguridad alimentaria en el contexto del COVID-19 y el surgimiento de las “banderas blancas”, afirmó la MPGR que son indicadores de la población salvadoreña por la falta de alimentos y dicha situación se ha incrementado por el desempleo. Impactos que ya son evidentes pero pueden empeorar en todo el territorio nacional, haciéndose necesario implementar una estrategia de apoyo a la producción nacional de alimentos, antes que los gastos onerosos que significa la importación de bienes.
“La poca transparencia en el manejo de los fondos en la emergencia, la crisis generada por la pandemia que ha requerido para su atención de la realización de préstamos millonarios a organismos internacionales ha generado, según economistas, un endeudamiento elevado el cual supone que al terminar el presente año por cada $100 que se produzcan en el país, se estarían debiendo $92. A lo anterior se le suman las irregularidades denunciadas en el manejo de estos fondos por parte del Gobierno, como compras a sobreprecios, adquisición de servicios y productos a personas vinculadas a funcionarios públicos. Lo anterior debe ser condenado desde el presidente y no invisibilizado ni minimizado, por el contrario se debe mostrar una clara disposición de rendición de cuentas de los gastos, descentralizar el poder y evitar monopolizar la toma de decisiones”, puntualizaron.
