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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
La falta de claridad ante el marco legal, y el accionar de las instituciones, podría estar vulnerando a la víctima en el proceso de antejuicio de Jaime Eduardo Escalante Díaz, magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de San Salvador, por presuntas agresiones sexuales en contra de una infante.
“En todo proceso que no se contempla la protección o seguridad de las niñas o niños, en este caso supone una violación a su derecho de acceso a la justicia. Y consideramos que todas las trabas del marco normativo y el actuar de las instituciones, que supone una desprotección de ella”, dijo Francisco Carranza, de la RAC.
Distintos representantes de la Red de Atención Compartida del Departamento de San Salvador (RAC), integrada por 41 organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, se pronunciaron ante el caso de desafuero del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Jaime Eduardo Escalante.
Asimismo, criticó que la “reserva total”, no esté relacionada con la protección de la identidad e integridad de la víctima, como manda la ley integral de protección a la niñez y adolescencia (LEPINA), sino al manejo o negociaciones que podrían darse en la comisión de antejuicio que integra el legislativo.
“De la reserva total del caso, tenemos entendido hasta este momento, que ha bloqueado la actuación de otras instituciones que buscan la protección de niñas y niños, como el CONNA (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia), dado que las únicas instituciones que el marco normativo, la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa menciona que será la Fiscalía, Asamblea y el defensor que el magistrado (Escalante Díaz) ha denominado”, explicó.
Imelda Villacorta, indicó que el abuso sexual es otra forma de abuso de poder que afecta la integridad física, psíquica y moral de las víctimas. La Policía Nacional Civil, da cuenta, en sus reportes de un total 4 mil 304 denuncias por violencia sexual, que significa doce agresiones diarias. Y que del 92.33 % de casos, las personas agredidas son niñas, adolescentes y mujeres. Así como, niños y adolescentes hombres.
“Como organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, que defendemos los derechos de las niñez y adolescencia, rechazamos y repudiamos este tipo de violaciones de los derechos de esta población, que se agrava cuando se trata de funcionarios encargados de aplicar justicia”, manifestó.
En cuanto al “fuero constitucional” del que gozan algunos funcionarios de alto rango, Villacorta indicó que los servidores públicos sin ninguna excepción, deben enfrentar sus responsabilidades penales o administrativas y sujetarse al régimen ordinario judicial.
“Sin fueros, ni protección procesal alguna, los funcionarios deben ser investigados y procesados bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano y, en su caso, de acreditar su responsabilidad ser sentenciado con la punibilidad señalada en el Código Penal”, expresó.
La RAC pidió a la Comisión Especial de Antejuicio, de la Asamblea Legislativa, permitir el monitoreo del proceso de desafuero, en razón de la transparencia y cumplida justicia para la víctima. Así también, les recordaron que su único deber es habilitar el proceso penal y no deducir responsabilidades del magistrado.
Así también, sugirieron un diálogo nacional para debatir sobre el ordenamiento jurídico salvadoreño en cuanto al fuero y el antejucio, a fin de verificar si se cumple en los casos que amerite, equilibrando así la función pública y acabar con la impunidad.
