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Luis Rivera
La denuncia realizada por el abogado Guillermo García merece una reflexión seria y urgente. No se trata únicamente de un hecho que involucra a un profesional del derecho en particular. Debe analizarse a la luz de las preocupaciones que en los últimos años han expresado otros abogados que ejercen defensas técnicas en procesos de relevancia política o social, quienes han denunciado obstáculos para el ejercicio profesional, actos de vigilancia, señalamientos indebidos o situaciones que perciben como formas de intimidación derivadas de la representación de determinados clientes.
A estas preocupaciones se suman las denuncias formuladas por periodistas, organizaciones de derechos humanos, activistas y diversos sectores de la sociedad civil sobre el progresivo debilitamiento de los espacios cívicos en El Salvador, así como los testimonios de personas que han optado por abandonar el país alegando temor a represalias, hostigamientos o restricciones que consideran incompatibles con el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.
Según el relato hecho público por Guillermo García, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron exclusivamente a su vivienda, preguntaron por una persona que no residía en el lugar y posteriormente tomaron fotografías de su casa y de su vehículo. Al momento de hacerse pública la denuncia, no existía una explicación oficial de las autoridades sobre el procedimiento realizado.
Si bien corresponde a las instituciones esclarecer los hechos denunciados, también corresponde a la sociedad preguntarse qué mensaje recibe la comunidad jurídica cuando un abogado que ejerce la defensa técnica de personas procesadas penalmente percibe determinadas actuaciones estatales como mecanismos de intimidación o amedrentamiento.
La independencia de la abogacía no constituye un privilegio de quienes ejercemos la profesión. Es una garantía esencial del debido proceso y una condición indispensable para la existencia misma de un Estado de Derecho. Los principios internacionales sobre la función de los abogados establecen que estos deben desempeñar sus labores profesionales sin amenazas, hostigamientos, interferencias indebidas o represalias derivadas de la representación de sus clientes.
En cualquier sistema democrático, la defensa penal, la representación de organizaciones sociales y la promoción de derechos humanos pueden resultar incómodas para quienes ejercen el poder. Precisamente por ello, el Estado tiene la obligación reforzada de garantizar que abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil desarrollen su labor en condiciones de seguridad, libertad e independencia.
Si la presencia policial en la vivienda del abogado Guillermo García obedecía a una diligencia legítima, corresponde explicarla con transparencia. Si, por el contrario, carecía de fundamento objetivo suficiente y tuvo como efecto generar temor, inhibir el ejercicio profesional o enviar un mensaje intimidatorio, ello sería incompatible con los principios democráticos y con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado salvadoreño en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos.
Lo verdaderamente preocupante no es únicamente que un abogado denuncie sentirse intimidado. Lo verdaderamente preocupante es que cada vez más personas consideren necesario documentar públicamente estos hechos para protegerse, dejar constancia de ellos o, en casos extremos, abandonar su país para preservar su libertad, su seguridad o simplemente continuar ejerciendo sus derechos.
Ninguna sociedad democrática debería acostumbrarse a que periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, sindicalistas, activistas o ciudadanos críticos sientan que expresar una opinión, representar a un cliente incómodo, cuestionar decisiones del poder o denunciar abusos puede convertirlos en objeto de vigilancia, hostigamiento o represalias.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Generalmente se erosionan de manera paulatina cuando el miedo comienza a ocupar el lugar que corresponde a la libertad; cuando el silencio se convierte en una estrategia de supervivencia; cuando el exilio deja de ser una decisión personal para transformarse en una medida de autoprotección; y cuando quienes deberían sentirse resguardados por las instituciones consideran más seguro denunciar ante la opinión pública o acudir a instancias internacionales.
La denuncia del abogado Guillermo García merece mucho más que una explicación administrativa. Merece que la sociedad salvadoreña reflexione seriamente sobre el país que está construyendo y sobre si está dispuesta a normalizar situaciones que generan temor entre quienes ejercen la defensa técnica, acompañan a víctimas, promueven derechos humanos o alzan su voz frente a aquello que consideran injusto.
Por mi parte, expreso mi solidaridad con el colega Guillermo García y con su familia, con la esperanza de que las autoridades esclarezcan plenamente lo ocurrido y de que ningún abogado en El Salvador tenga que preguntarse si el cumplimiento de su deber profesional puede convertirlo en objeto de vigilancia, intimidación o temor. La independencia de la defensa técnica protege, en última instancia, el derecho de toda persona a acceder a una justicia libre, efectiva e independiente. Cuando esa garantía comienza a debilitarse, es la confianza en la justicia misma la que corre el riesgo de perderse.
