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La Carta Democrática Interamericana es un instrumento político adoptado por las naciones que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene dos objetivos: el primero, prevenir que se ponga en peligro “la democracia representativa” en los Estados miembros. También velar por la democracia, que es indispensable para la “estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.
Pero no solo anterior, también tiene incidencia en la misma magnitud o importancia en áreas como: los derechos humanos, desarrollo integral y combate a la pobreza, la observación electoral, pero, sobre todo, la preservación de la institucionalidad democrática. Todo esto está desarrollado en los seis títulos que contiene la carta que fue adoptada por “aclamación” en septiembre de 2001, y que fue ratificada en Canadá, en 2001.
En los considerandos, la Carta Democrática, en su artículo 19, establece: “Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización”.
Mientras que el artículo siguiente (20) establece: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
“El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.”
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. De no superarse las situaciones que promovieron el rompimiento del orden constitucional, la Carta Democrática puede separar al Estado miembro de la organización.
Lo sucedido el sábado 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa, en la sesión de instalación y su primera sesión plenaria, sustituyó arbitrariamente a los cinco miembros propietarios y cinco suplentes de la Sala de lo Constitucional, y nombrar inmediatamente a magistrados afines al presidente de la República, Nayib Bukele, como el mismo lo ha externado, es para muchos una violación a la Carta Democrática, es decir, ha habido un rompimiento a la institucionalidad democrática de El Salvador.
Para la oposición política en El Salvador, así como instituciones académicas, y reconocidos abogados estudiosos de la Constitución, el sábado uno de mayo se violentaron varios preceptos de la Carta Democrática, en tanto que se ha violentado la institucionalidad democrática, que se refleja en los estados republicanos en la separación de poderes y aquí se ha roto esa separación, porque a partir del sábado uno de mayo los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están bajo el control de Casa Presidencial.
Por eso es que algunas organizaciones representando a diversos sectores de la vida política, económica y social del país, han solicitado a la OEA la aplicación de la Carta Democrática, en un principio poniendo sus buenos oficios para que la institucionalidad en El Salvado vuelva el mismo estado en el que se encontraba antes de la primera plenaria del sábado uno. Y dos que en caso de ser necesario se aplique lo que la Carta determina en estos casos.
Sin lugar a dudas, pese a que la población no lo perciba así, El Salvador ha caído en una situación de inestabilidad político-jurídica de acuerdo a normativas supranacionales, y que, de no superarse, algunas consecuencias se sufrirán tarde o temprano. ¿Lo merecerá El Salvador?, quien sabe.
