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FESPAD junto a otras organizaciones lanzan el proyecto Humanium Metal, que buscará financiamiento para prevención de la violencia con el comercio de productos fabricados a base de armas de fuego recicladas. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Proyecto Humanium Metal financiará fomento de la paz en El Salvador

Alexander Pineda
@GloriaCoLatino

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad y la organización sueca IM Swedish Development Partner presentaron la iniciativa Humanium Metal, la cual busca financiar la prevención de la violencia con el comercio de productos fabricados a base de armas de fuego recicladas.

 El proyecto Humanium Metal, según detalló Pedro Martín García, portavoz de la organización sueca pretende sacar de circulación las armas ilegales para contribuir en la consolidación de una cultura de paz y convivencia pacífica.

García explicó que Humanium Metal impulsa la destrucción de armas de fuego confiscadas o entregadas de forma voluntaria, para que posteriormente el material sea trasladado a Suecia en donde es utilizado para la confección de productos diversos.

Los productos fabricados a partir del material reciclado de las armas son comercializados, “la mitad de las ganancias obtenidas de la venta de esos artículos regresa a El Salvador y con ese dinero impulsaremos Humanium Metal en el país”, dijo el representante de IM Swedish Development Partner.

Generar diálogo entre organismos de gobierno sobre la problemática de la circulación ilegal de armas como generadora de violencia; contribuir con la recuperación de espacios públicos en lugares de alta incidencia delincuencial; y fomentar el emprendimiento mediante la fabricación de productos a base de material reciclado de las armas en el país, son parte de los objetivos destacados en la presentación Humanium Metal.

Sobre violencia y seguridad pública 

Héctor Carrillo abogado de FESPAD dijo que se ve con preocupación el alto número de capturas reportado por la Policía Nacional Civil (PNC) del 1 de junio hasta el 31 de octubre, más de 18,000, puesto que pueden existir detenciones arbitrarias que se traducen en un entorpecimiento del sistema judicial.

 Carrillo afirmó que el plan de seguridad del gobierno de Nayib Bukele no plantea directrices claras, y que no existe una explicación concreta de las razones del descenso drástico de los homicidios, puesto que la operatividad policial nunca ha reportado tales efectos, el jurista explicó que el descenso podría ser relativo y temporal.

Señaló además que entre el año 2000 y el año 2019 la población privada de libertad creció en más de 30,000 individuos, trayendo consigo un grave problema de hacinamiento carcelario; solo el 72.5 % de los reclusos cumplen condena, el resto están siendo procesados.

Carrillo instó al gobierno a enfocarse en el aspecto preventivo de la violencia y a apostarle a una verdadera reconstrucción del tejido social, “la sociedad civil esta dispuesta a apoyar los esfuerzos en favor de la reconstrucción del tejido social, tenemos más de 38,000 presos en las cárceles, más de 70,000 muertos por violencia en los últimos 18 años, la situación no parece cambiar solo con la represión del delito, hay que enfocarse en lo preventivo”, apuntó

Datos expuestos en la presentación del proyecto, entre 2009 y 2019 señalan que un total de 47,689 fueron registradas en El Salvador; reducir el número de armas de fuego que circulan sería una medida concreta para la baja de los índices de violencia y criminalidad.

Dina Martínez de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad indicó que en el país existirían más de 450,000 armas de fuego, y una medida concreta ante el auge de la violencia armada sería discutir y readaptar la ley reguladora de armas para mejorar los controles en la materia e instó a las autoridades de seguridad a combatir el trasiego de armas por puntos fronterizos.

“Que se salga Estados Unidos (del Acuerdo de París) es totalmente irresponsable y contradictorio a las soluciones del planeta, ellos son responsables del 30 % global de los GEIS, por tanto debe ser una demanda de justicia y civilidad para que ellos asuman compromisos, ya sea en el marco de la COP o bilateralmente, porque tienen una responsabilidad histórica de la crisis climática planetaria aunque ha sido típico ese comportamiento de los Estados Unidos, recordemos que no firmaron el Protocolo de Kyoto”, reseñó. Agregó “los movimientos sociales van a convocar a una cumbre más alternativa, que se va a mantener lo que habían planificado, y que posiblemente se convoque para febrero del otro año, en Alemania, que tiene la infraestructura para albergar una cumbre de ese tipo”.

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