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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Movimiento por la Defensa de la Tierra de El Salvador (MOVITIERRA) indicaron que durante la campaña electoral son casi nulas las iniciativas de los candidatos, relacionadas con el cumplimiento del derecho de todas las personas a contar con hogar digno, las pocas propuestas de algunos partidos están orientadas a plantear acciones en el mercado inmobiliario, limitando el acceso a la vivienda adecuada de la población en general.
Omar Flores -abogado de FESPAD- manifestó que desde el 27 de diciembre de 2020 los partidos políticos iniciaron oficialmente la campaña electoral, la cual se ha caracterizado por la ausencia de propuestas legislativas tendientes a solventar las problemáticas de las personas, han transcurrido más de 58 días y no existen planteamientos serios para satisfacer los derechos de la población.
“La campaña se ha caracterizado por establecer rostros y eslogan, pero no de propuestas serias, hay una oferta electoral por parte de 600 candidatos a la Asamblea Legislativa de donde saldrán electos los nuevos funcionarios para el período 2021-2024, sin embargo, estos no han planteado soluciones concretas. En el tema del derecho a la vivienda adecuada no se ha hecho una propuesta seria para reducir el déficit habitacional”, sostuvo Flores.
La situación de vivienda en El Salvador no es alentadora, de acuerdo al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) el déficit total por unidades de vivienda es de 1,388,477, señalando que el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo asciende a 91 %.
William Murcia -representante de FESPAD- reiteró que el segregamiento habitacional de muchas familias constituye los asentamientos urbanos precarios, los cuales se encuentran a lo largo y ancho del país. El mencionar la vivienda adecuada como un derecho humano deviene de directrices internacionales como la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“Estos elementos internacionales se vuelven vinculantes para que el Estado cree inicialmente una política nacional para la vivienda adecuada, un cuerpo normativo y a la vez los planes que lleven a ejecutar las acciones establecidas. Es lamentable ver la agenda electoral donde se denomine el tema de la vivienda adecuada solo de una forma de carácter panfletario, y no trascendiendo en el derecho humano para la población”, agregó Murcia.
El artículo 119 de la Constitución de la República declara de interés social la construcción de viviendas, el Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda, sin embargo, para que esto exista debe haber voluntad política a fin que la estructura del Estado cambie en beneficio de las familias necesitadas.
Según Dora Alicia Guillén, representante del equipo coordinador de MOVITIERRA, la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, es amenazante para quienes por años habitan en la línea férrea y terrenos en desuso, porque genera desalojos forzados, no contar con seguridad jurídica ni proyectos para contar con un hogar digno donde habitar.
Tanto MOVITIERRA como FESPAD pidieron a los partidos políticos y candidatos que resulten electos, se comprometan a la aprobación de una ley que reconozca el derecho a la vivienda adecuada; financiamiento estructural para el desarrollo de vivienda adecuada de interés social y mecanismos de acceso al suelo urbano y urbanizable a las familias de menores recursos.
Además, solicitaron que se garantice la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de los asentamientos humanos irregulares, en inmuebles propiedad del Estado por medio de procesos de desafectación; así como que se comprometan a emitir recomendables al Ministerio de Vivienda para establecer una política nacional de Vivienda y Hábitat, que implique un proceso de formulación con pluralidad de actores, o dar seguimiento a la adoptada en el año 2015.
Otras de las propuestas es crear mecanismos de interlocución entre la cartera de Vivienda y las organizaciones de la sociedad civil; y reactivar el Consejo Consultivo de Hábitat y Vivienda, como una instancia de diálogo y propuesta en atención a al problema de la vivienda en nuestro país.
