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Redacción Nacionales
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San Salvador. — El economista César Villalona propone la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y la creación de un sistema público sin fines de lucro, lo que significaría una transformación integral el sistema previsional salvadoreño. La propuesta no solo apunta a cambiar el modelo de administración de los fondos, sino que también plantea una reforma fiscal profunda como condición indispensable para garantizar sostenibilidad financiera y mejorar las pensiones.
El planteamiento anterior fue hecho por César Villalona en el programa Pensamiento Crítico, producido por cuatro medios virtuales, en el que participa Ingrid Escobara, una defensora de los derechos humanos en el exilio. Según Villalona, en 2024 las AFP recibieron alrededor de 108 millones de dólares en comisiones, generaron 39 millones en ganancias y pagaron entre 16 y 17 millones en impuestos. Bajo un sistema público, agregó el economista, esos recursos podrían permanecer dentro del fondo y destinarse directamente a fortalecer las pensiones.
La propuesta contempla que el nuevo ente público cobre únicamente una comisión mínima —estimada en 0.2%— para cubrir gastos administrativos. En términos prácticos, de cada 100 dólares cotizados, solo dos se destinarían a funcionamiento y 98 quedarían acumulados en el fondo. En 2025, las cotizaciones rondaron los 1,400 millones de dólares, provenientes de aproximadamente 900 mil trabajadores, lo que implicaría un margen significativo de crecimiento si se eliminara el componente de lucro.
Tres problemas estructurales
Villalona contempla tres grandes desafíos y problemas del sistema actual: baja cobertura, pensiones insuficientes y desequilibrio financiero. En cuanto a la cobertura, apenas 27 de cada 100 personas económicamente activas cotizan al sistema, y de ellas solo 16 lograrán cumplir los requisitos para jubilarse. Esto deja fuera al 84% de la población económicamente activa, en gran parte debido a la alta informalidad laboral.
Para enfrentar este problema, se propone que el Estado subsidie la parte correspondiente a la “aportación patronal” de los trabajadores informales o por cuenta propia, quienes actualmente no tienen incentivos para incorporarse al sistema. En otros países, explican, el Estado asume parte de esta contribución para ampliar la cobertura. El financiamiento podría provenir de nuevos impuestos progresivos dirigidos a grandes patrimonios.
El segundo desafío o problema es el bajo monto de las pensiones. Actualmente, la fórmula de cálculo se basa en el ahorro acumulado dividido entre una cantidad estimada de meses de retiro, lo que genera tasas de reemplazo que rondan el 30% o menos del salario. Se plantea volver al modelo anterior, donde la pensión se calculaba con base en el promedio salarial de los últimos tres años, aplicando tasas de reemplazo del 60% o 70%, dependiendo de los años cotizados.
Para enfrentar el tercer desafío, subraya la necesidad de mejorar los salarios mínimos, que según comparaciones regionales se encuentran por debajo de los de Honduras y Guatemala. Para evitar impactos negativos en pequeñas empresas y el sector agropecuario, se sugiere acompañar cualquier incremento salarial con medidas de apoyo productivo.
La deuda estatal y la sostenibilidad
Uno de los puntos centrales es la deuda del Estado con el sistema de pensiones, que a la fecha supera los 11,241 millones de dólares. A partir de 2027, el Gobierno deberá pagar alrededor de 800 millones anuales por compromisos adquiridos, además de cubrir otros gastos vinculados al antiguo sistema público y complementos a pensiones mínimas, lo que eleva la carga anual a cerca de 1,200 millones de dólares, señala el economista.
La propuesta exige que el Estado deje de tomar prestado de los fondos de pensiones y establezca un calendario claro de pago de la deuda. Sin embargo, se reconoce que esto no será viable sin una reforma fiscal que incremente los ingresos públicos.
Entre las medidas sugeridas figuran un impuesto al patrimonio de grandes millonarios, gravámenes a propiedades de lujo y mayores tasas a las altas rentas empresariales. Se descarta como opción preferente un aumento al IVA, por considerarlo regresivo y con impacto inflacionario.
Inversión productiva de los fondos
Otro componente clave es redefinir el destino de las inversiones del fondo. Actualmente, una parte significativa se presta al Estado y a grandes empresas. Se propone canalizar mayores recursos hacia micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y al sector agropecuario, que generan más del 70% del empleo nacional.
La lógica es que invertir en sectores que generan empleo formal incrementaría la base de cotizantes, ampliaría la cobertura y fortalecería la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Un debate técnico y político
Aunque el planteamiento se presenta como técnicamente viable, también reconoce que su implementación depende de decisiones políticas de alto impacto. Con mayoría legislativa suficiente para aprobar reformas estructurales, el Ejecutivo tendría margen para impulsar tanto la transformación previsional como la reforma tributaria progresiva.
En síntesis, la propuesta sostiene que no existe solución al problema de pensiones sin una reforma fiscal paralela y un rediseño integral del modelo económico. La discusión, más allá de lo técnico, se perfila como uno de los debates más trascendentales para el futuro social y financiero del país.
