Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Carlos Flores, de ECCOS e integrante del Colectivo Salvemos Valle El Ángel denunció algunas acciones de presión que estaría ejerciendo la familia Dueñas al gobierno, para obtener sin mayor análisis técnico los permisos de construcción para el proyecto urbanístico Ciudad Valle de El Ángel, en la prolongación del bulevar Constitución, entre los municipios de Nejapa y Apopa.
Con un plantón público, diversas organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y las iglesias históricas, que integran el Colectivo Salvemos Valle El Ángel se manifestaron frente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para reiterar el rechazo al complejo habitacional que ha recibido 4,500 cartas de oposición, procedentes desde las comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
“Estamos denunciando públicamente sobre la presión que están ejerciendo a un grupo de técnicos que trabaja en la Dirección de Evaluación y Cumplimiento Ambiental, y nos han dicho que existe un lineamiento de las autoridades de Medio Ambiente para que ellos emitan esa resolución esta semana, de manera que se pueda entregar el permiso ambiental antes de salir a vacaciones, con la estrategia de que la alegría de la Navidad tranquilice a la población, mientras se destruye y contamina su medio ambiente y su agua”, señaló Flores.
Ciudad Valle El Ángel, de la Sociedad Dueñas Hermanos es un proyecto que se emplaza entre los municipios de Nejapa y el cantón Joya Galana de Apopa, distribuido en 3,500 lotes para viviendas, 3,000 apartamentos en edificios de tres niveles, así como un área para restaurantes, comercio, hoteles, hospitales, escuelas y una terminal de autobuses.
“Solo queremos que el Ministerio de Medio Ambiente cumpla la Ley de Medio Ambiente y que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25, convoque a la Consulta tipo B, que se aplica cuando hay factores suficientes que ameritan una consulta especializada para darle voz a la población más afectada y emita su opinión, es una consulta ciudadana. Ahora, la única que se ha hecho es la general, en donde todos y todas pueden opinar; pero nosotros hemos argumentado, desde nuestro Colectivo Salvemos el Valle El Ángel, que existen más de 8,000 personas que habitan en el cantón Joya Galana y el municipio de Apopa, que son suficientes para no otorgar ese permiso, porque el ministro de Medio Ambiente (Fernando López) no se manda solo, debe respetar la Ley de Medio Ambiente”, aseveró.
Ariana González, de FESPAD señaló que entre los recursos legales que han interpuesto como movimiento social se encuentra el recurso de inconstitucionalidad por el convenio firmado entre la empresa Urbánica y la ANDA, lo cual habilita la extracción y posterior distribución de 240 litros de agua por segundo para las viviendas que pretenden construir en Valle El Ángel.
“Esto es ocultar una concesión de bienes públicos como los recursos hídricos, así como también, altamente violatorio de derechos humanos que se convierte en una desigualdad, un trato de disparidad que prioriza la demanda de sectores privados, sobre el bien común. Este tipo de convenios, que facilitan la construcción de proyectos habitacionales, también forma parte de políticas públicas que no pretenden priorizar al bien común sobre los intereses de sectores empresariales. Este es un llamado a las diversas instancias públicas, porque ya lo hemos dicho reiteradamente, de la situación de estrés hídrico y ambiental que el país enfrenta”, acotó González.
Foto Diario Co Latino/@ecoselsalvador.
Sobre el impacto que tendría en las comunidades la construcción de Valle El Ángel, González agregó la impermeabilización de los suelos por la construcción y asfaltado de los terrenos, así como problemas de ordenamiento territorial que se manifestaría en el tráfico vehicular en la ciudad y la falta de respeto a los derechos humanos de las poblaciones.
“Con los permisos o concesiones, nosotros creemos que el convenio firmado entre la empresa Dueñas y ANDA se debe a la falta de una Ley General de Aguas que priorice el agua como un derecho humano. Recordemos que el mayor consumo de agua lo hace el sector industrial y agrícola.
Mientras no exista esta priorización del derecho humano al agua, van a seguir sucediendo situaciones como estas, lo que es una mala señal en cuanto al medio ambiente de nuestro país”, reafirmó.
El padre Roque Regalado, de la Vicaría Padre Rutilio Grande, que la integran doce parroquias señaló que conocen de la preocupación de sus comunidades por el agua, y que los proyectos urbanísticos como Valle El Ángel o Paseo El Prado, que se une como “punta de lanza” al complejo habitacional, están amenazando la estabilidad social.
“Todos estos proyectos ponen en peligro el acceso al agua de nuestras comunidades y se está haciendo todo un esfuerzo de priorizar a la empresa privada, priorizar a la gente de dinero, porque las casas de Valle El Ángel no son populares, son para determinado nivel económico. Y nos preocupa mucho también que el viceministro de Medio Ambiente, Alex Hasbún haya declarado anteriormente que el ‘desarrollo no se puede detener’; esto es adelantar criterio a un caso como Valle El Ángel, porque eso significa que no detendrán esa construcción.
Nosotros hacemos un llamado a parar esta construcción; no dejemos sin agua a las comunidades, necesitamos un Estado que proteja a la gente”, concluyó.
