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Redacción Nacionales
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Ángel Flores, vocero del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), denunció que los procesos judiciales en Intipucá, La Unión, son impulsados por grupos empresariales o particulares que actúan como prestanombres y responden a intereses turísticos.
Flores dijo que, desde el mes de febrero a la fecha, cada vez más se han agudizado los diferentes procesos judiciales en contra de comunidades con larga data o históricamente han habitado, y constituido las comunidades que conforman el distrito de Intipucá, y hoy son amenazadas.
“Todos estos procesos judiciales son impulsados por grupos empresariales o personas particulares, que fungen como prestanombres y responden a intereses de acumulación de tierra con fines turísticos e inmobiliarios dentro de la zona”, sostuvo.
El principal actor que ha jugado un rol ya sea desfavorable o a favor de las comunidades es el juzgado de Paz de Intipucá, presidido por el juez José Efraín Gutiérrez Martínez.
A partir de las demandas presentadas por grupos empresariales y personas particulares con escrituras otorgadas hace menos de seis meses, el juzgado ha impulsado diferentes diligencias judiciales en contra de las comunidades, catalogándolas o acusándolas de usurpación de tierra.
Flores expresó que estas comunidades tienen entre 40, 60, 80, inclusive algunas más de 130 años de haber sido constituidas y habitadas de manera intergeneracional por las diferentes familias dentro de la zona.
Estos procesos han sido a partir de la aplicación de la Ley Especial para la Garantía y la propiedad, también conocida como decreto 23, aprobada en el año 2009.
“Esta es una herramienta que ha sido utilizada por las élites económicas con complicidad de entidades del gobierno, para despojar de tierra a familias que históricamente han habitado los territorios, dentro de las diferentes etapas de esta ley están las prácticas de inspección de inmuebles o terreno donde se verifica si está siendo ocupado un inmueble específico”, agregó.
Luego de la inspección de forma rápida entre tres a cinco días hábiles se instala la audiencia, donde ambas partes deben demostrar y alegar con respecto a la tenencia de la tierra, la parte demandante y demandada.
Flores reiteró que las comunidades de Intipucá son un ejemplo cómo esta ley violenta los derechos con la complicidad de las entidades judiciales y otros actores, como el caso de los cuerpos de seguridad y de defensa del país, los cuales se han visto muy implicados en todo este tipo de procesos.
“Se está implementando la ley que actualmente violenta el legítimo derecho a las tierras, se las niega a pesar de que estas comunidades ya tienen una larga historia de haber sido establecida, en este momento, las comunidades de La Lima y El Icacal están siendo procesadas a través de esta ley, en ambas comunidades ya hubo audiencia en contra de alguna familia”, enfatizó Flores.
A la vez, manifestó que una familia de la comunidad El Icacal, recibió una resolución desfavorable al dictaminar el desalojo, mientras en el caso de la comunidad de La Lima, el pasado 16 de julio, da una sentencia favorable donde reconoce el legítimo derecho a las siete familias de la comunidad de la Lima.
“En el caso de la comunidad El Icacal la parte demandante es la empresa Desarrollo Turístico Pacífico, una empresa de la familia oligarca histórica de nuestro país de los Murray Meza y en el caso de la comunidad de la Lima es una persona particular, Joel Riva Linares, nosotros determinamos que es un prestanombre, pero detrás hay grupos empresariales”, externó.
Pese a las sentencias, debido a los intereses empresariales que están disputándose han continuado los procesos de demanda en ambas comunidades, con otras instancias judiciales implicadas, con el fin de proceder al acaparamiento de tierra.
Según el vocero de MILPA, a partir del desarrollo de una estrategia jurídica, mediática y social, se logró vencer en juicio a Joel Riva Linares y logró una sentencia favorable para la comunidad. Esta persona ha estado implicada en otros procesos de desalojo en el año 2007, donde ocurrió el desalojo violento en contra de la comunidad Los Ranchos, Intipucá.
“Esta persona ha ejercido como representante legal de una cooperativa de la reforma agraria, pero que ha sufrido una descomposición, con relación al tipo de propósitos que busca. Esta cooperativa prácticamente es un cascarón porque no tiene actividad productiva agropecuaria, sino que prácticamente está implicada en procesos de desalojo de tierras, las cuales después mercantiliza y van a dar en manos de grupos empresariales”, denunció.
Flores explicó que las tierras de Los Ranchos hoy pertenecen al “Grupo Flores”, el ex secretario de proyectos estratégicos del gobierno de Bukele, Cristian Flores, quien fue encarcelado en 2024 por otros cargos, pero no sobre el proceso de acumulación de tierras.
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