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Redacción Nacionales
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El Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana Oeste, decretó instrucción formal con detención provisional contra una mujer de 30 años, señalada como autora directa del delito de estafa de un inmueble en perjuicio de dos víctimas.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el caso inició cuando una de las víctimas encontró en un grupo de Facebook la oferta de venta de una vivienda ubicada en residencial Tenerife Tres, urbanización Ciudad Real, distrito de San Sebastián Salitrillo, municipio de Santa Ana Oeste.
El 16 de marzo de 2025, la imputada contactó a la víctima y se presentó como la propietaria del inmueble, manifestando que lo vendía por $50,000. Sin embargo, le ofreció la posibilidad de adquirirlo mediante el pago de cuotas, propuesta que fue aceptada.
Cuatro días después, ambas se reunieron para inspeccionar la vivienda y, el 22 de marzo, la víctima entregó $2,800 en concepto de reserva, en presencia de un notario. Ante la inquietud de la víctima sobre la titularidad del inmueble, la imputada afirmó que se trataba de una herencia de su esposo fallecido, quien había adquirido el derecho sobre la propiedad y que ella continuó cancelando las cuotas tras su muerte. Añadió que con el dinero de la venta pagaría el saldo pendiente y se comprometió a entregar la vivienda en un plazo de diez días.
No obstante, transcurrieron varios meses sin que se concretara la entrega, por lo que la víctima interpuso la denuncia en junio del mismo año. La procesada en cuestión no figura como propietaria en el Centro Nacional de Registros (CNR). En septiembre, la segunda víctima, esta vez un hombre, encontró en otra página de Facebook la oferta de venta del derecho sobre una vivienda que resultó ser la misma ofrecida previamente a Katherine V. Con él, la imputada acordó suscribir una promesa de venta.
Días después, firmaron el contrato por un monto total de $40,000, entregando la víctima la cantidad de $3,500 en ese acto. La entrega del inmueble quedó programada para el 3 de octubre. Sin embargo, antes de esa fecha, un agente de seguridad de la residencial le informó que era la tercera persona a quien le ofrecían la misma vivienda.
Al intentar comunicarse con la imputada, ella no habría respondido; posteriormente, el 15 de octubre, le devolvió $500 y se comprometió a reintegrar el resto del dinero, obligación que tampoco cumplió. Ante esta situación, el hombre interpuso la denuncia correspondiente; por lo que la mujer, identificada como Allison Yamileth D. F., fue procesada y enviada a detención mientras sigue el proceso judicial.
En otro caso de estafa, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador decretó apertura a juicio contra Miguel Humberto Arroyo Ibarra, de 36 años, procesado por tres casos de estafa agravada. Según información de Centros Judiciales de El Salvador, las víctimas habrían invertido más de $30,000 en una supuesta aplicación desarrollada por el imputado.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2023, el imputado se reunió en diferentes ocasiones con las víctimas para promocionar una aplicación destinada a invertir en la bolsa de valores. Les aseguraba que, a través de un sistema que él mismo había desarrollado, obtendrían ganancias de entre el 20 % y 30 % sobre el monto invertido.
Las víctimas, entre ellas personas adultas mayores pensionadas, inicialmente invirtieron cantidades menores. Sin embargo, luego de que el imputado realizara durante dos meses depósitos de entre $600 y $1,000 en concepto de ganancias, confiaron en la palabra de Arroyo Ibarra y entregaron sumas desde $6,000. A una de las víctimas le habría ofrecido convertirse en socio, por lo que llegó a invertir hasta $20,000.
Tras varias semanas sin recibir rendimientos y ante las constantes excusas del procesado, las víctimas interpusieron las denuncias correspondientes. El monto total entregado asciende a $33,500.
Luego de valorar la oferta probatoria y determinar que existen elementos suficientes para continuar con el proceso, el juzgado remitió la causa a la etapa de sentencia. Asimismo, ratificó la medida cautelar, por lo que el imputado permanecerá en detención provisional.
