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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las organizaciones agrupadas en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y AltavocES mostraron su preocupación ante la opacidad en las atribuciones y competencias de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que se financia con una transferencia de los activos y pasivos del FONAES, establecidos en los decretos aprobados por la Asamblea Legislativa en el marco de la Ley General de Recursos Hídricos.
No obstante, José Luis Magaña, economista de AltavocES, explicó que esos presupuestos le van a permite a la ASA ejecutar proyectos que no tienen relación con su mandato como “arborizar” la Avenida Jerusalén, con un disponible de 243 mil dólares, o la construcción del “Centro de Interpretación Ambiental” en los miradores de La Libertad, en donde cuenta con 475 mil dólares.
En contraste con sus “propias obligaciones” como Autoridad del Agua en la gestión específica del recurso hídrico y que aparece también en la base de datos del Ministerio de Hacienda en donde la disponibilidad es muy baja para su operatividad de proyectos.
“Ahí aparece el Plan de Restauración en el río Las Cañas en Apopa, que solo tiene una asignación 5, 200 dólares y para la restauración ambiental del río Amulunca en Tacuba, solo son 800 dólares, así vemos como contrastan las acciones del ente rector del agua”, dijo Magaña.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y AltavocES abordaron el tema presupuestario de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) la que tendría asignado 17.4 millones de dólares para 2023.
Del total del monto presupustario 5.9 millones de dólares provendrán del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y un restante de 11.5 millones de ingresos denominado “derechos diversos”, lo que causa preocupación a las comunidades rurales y organizaciones ambientalistas, al considerar que no existe información clara y específica de dónde se obtendrá ese aporte.
“Con la disolución del FONAES, la ASA será la encargada de recibir las compensaciones ambientales, pero los montos no cuadran. FONAES recibía en ese concepto alrededor de 1.1 millones de dólares anuales y 62 mil 693 en sentencias judiciales, entonces, esos 11 millones clasificados como -derechos diversos- probablemente esté el cobro de cánones y eso es preocupante”, sostuvo.
“El otro problema es que no está aprobado el Reglamento que establecerá los cánones de pago, y no queda clara la base de estimación de ingresos por los -derechos diversos- que está en el proyecto de Presupuesto del 2023, y en la distribución de esos recursos del total de 17 millones de dólares, se estarán destinando 5 millones de dólares a la administración institucional, 11 millones a proyectos y 700 mil dólares a la gestión de recursos hídricos”, explicó Magaña.
Amalia López, ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), señaló que el agua siendo un bien natural y estratégico por tanto, era necesaria su protección y garantía de acceso para la salud y la vida de la población.
“Es preocupante que a esta altura no conozcamos toda la estructura del ente rector y parece que solo está siendo orillado o diseñándole un figura de recaudador, un cobrador de lo que se manifiesta en cánones o servicios que la Autoridad del Agua pueda brindar”, señaló. “Al analizar los 11.2 millones de dólares, que provendrán del -ingreso corriente- para la ASA ¿Cuál sería ese ingreso corriente? El artículo 19 establece ese ingreso y estamos seguros que serán por los cánones, y esa proyección de fondos no corresponde a lo que personeros de la ASA han dicho a las juntas de agua que no pagarán cánones”, afirmó López.
Miriam Centeno, directiva de una Junta de Agua de Izalco, expresó su preocupación por la Ley de Recursos Hídricos y la falta de un Reglamento, que establezca claramente la regulación y el pago por el uso y vertido del agua en los territorios al interior del país.
“Nos preocupa mucho que ese presupuesto de 11.2 millones de dólares, repercuta en nosotros, porque cuando nos han citado a las reuniones llegan los de la ASA y nos dicen que no debemos preocuparnos porque no vamos a pagar los cánones. Y nos dicen que comencemos a gestionar los permisos para seguir distribuyendo el agua, pero nos preocupa porque con ese presupuesto mínimo de la ASA, nos digan no pagaremos porque la realidad es diferente a las acciones que están tomando”, dijo Centeno.
Sulma Mijango, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, denunció que personeros de la ASA están realizando visitas en las comunidades para reunirse con las Juntas de Agua Rurales, y les promete que van a cumplir el artículo 109 de la Ley Nacional de Recursos Hídricos, que manda a no cobrar canon por el uso doméstico, pero señaló que no dejan claro si cubrirán otras necesidades en la administración de estos sistemas de distribución de agua.
“En algunos casos los que administran son los comités o juntas de agua, a quienes les están diciendo que vayan a las alcaldías o gobernación a registrarse, pero no les están dando los lineamientos para seguir estos procesos, esto preocupa a las comunidades la falta de información a las preguntas sobre la regulación del agua y temen ser las más afectadas a futuro”, puntualizó Mijango.
