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Redacción Nacionales
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El diputado de ARENA, Francisco Lira, informó que su partido no acompañó la votación para aprobar el Presupuesto General del Estado 2026, ya que este, centraliza el poder y debilita el control institucional.
Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales para el Ejercicio Fiscal 2026, así como el Proyecto de Ley de Salarios. El presupuesto será de $10,555.6 un aumento de $892.6 millones respecto al de 2025.
Los diputados de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, se abstuvieron de votar. “No acompañaremos esta votación porque este presupuesto mantiene la centralización del poder, debilita el control institucional y continúa endeudando al país sin resultados claros. No lo acompañamos porque la ejecución presupuestaria nunca se completa y, cuando se ejecuta, no existe transparencia ni una rendición de cuentas clara”, comentó el diputado de Francisco Lira.
A juicio del legislador, los hospitales siguen con carencias, las escuelas continúan abandonadas y el sector agrícola aún espera un apoyo real. “Nos preocupa, además, que mientras a la población se le pide sacrificio, se aumenten los recursos destinados a Casa Presidencial, reflejando prioridades políticas y no sociales. Por estas razones, no acompañar esta votación es un acto de coherencia y responsabilidad. No vamos a respaldar un presupuesto que sirve más para propaganda que para resolver los problemas reales de la gente”, destacó Lira.
El legislador anunció que seguiría en la denuncia que la ejecución del presupuesto sea transparente, responsable “y verdaderamente enfocada en las prioridades del pueblo salvadoreño”.
Lira sostuvo que el presupuesto general del Estado recorta recursos al Órgano Judicial sin haber siquiera citado a sus representantes para presentar y defender su presupuesto. “Simplemente se les recortó, afectando su independencia financiera y dejando abierta la puerta para chantajes políticos en el futuro”.
Además, el legislador enfatizó que no se han asignado los fondos necesarios a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ni a la Procuraduría General de la República; de hecho, a la PDDH, se le asignan $8,838,756, una reducción de $1.9 millones respecto al presupuesto 2025.
El legislador sostuvo que “si de verdad quieren ahorrar, hay que empezar por eliminar el despilfarro y los privilegios del Gobierno Central y de las autónomas: seguros excesivos, vales de gasolina, propaganda y gastos innecesarios”.
