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Prepotencia y boicot

@arpassv

La Sala Constitucional revive las críticas en su contra con dos fallos recientes, advice uno con visos de prepotencia y otro de consecuencias nocivas para las finanzas públicas. Hace dos semanas censuró a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y después declaró inconstitucional el decreto que permitía a contribuyentes morosos pagar con dispensa de multas.

En el primer caso la Sala mandó a callar al Procurador David Morales, no rx quien la había señalado por violentar derechos al empresario Alfredo Bukele al no aceptarle un amparo relacionado con una disputa entre el inversionista salvadoreño y una transnacional petrolera. Ésta es la segunda vez que los magistrados piden al Procurador que “no interfiera en su facultades constitucionales”.

En su prepotencia la Sala olvida que la función constitucional de la Procuraduría es vigilar que las instituciones estatales no violenten los derechos humanos, y esto incluye a la Corte Suprema de Justicia.

Y en el segundo caso, la Sala revirtió la disposición que había permitido al Ministerio de Hacienda recoger más de 25 millones de dólares en tres meses para paliar la urgencia de ingresos que financian programas sociales. En octubre pasado los magistrados también admitieron una demanda contra el impuesto a las transferencias financieras y otras reformas fiscales aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Las sentencias de la Sala contra reformas tributarias con las que el gobierno intenta aumentar sus ingresos, suceden en el contexto de una estrategia político-electoral del partido ARENA orientada golpear las finanzas estatales. Esta estrategia consiste en no aprobar reformas fiscales ni nuevos préstamos, exigir reducción del gasto público y oponerse a cualquier medida que alivie las dificultades financieras del gobierno.

Por eso tienen sentido las críticas de funcionarios gubernamentales y dirigentes del FMLN sobre las consecuencias de resoluciones de la Sala.

La Sala debería desvirtuar tales críticas y las crecientes sospechas sobre algunas de sus sentencias. Los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Belarmino Jaime y Sidney Blanco deberían orientar sus resoluciones hacia el combate contra la corrupción, la depuración del sistema judicial, la justicia tributaria y la democratización de las comunicaciones.

Sobre la democratización de los medios, la Sala posterga sin razón dos demandas contra la Ley de Telecomunicaciones, una contra el mecanismo de subasta para asignar frecuencias y otra contra la renovación automática de las concesiones, la falta de límites anti monopólicos que contrarresten la concentración mediática y otros aspectos que violentan principios los constitucionales de igualdad, libertad de expresión, entre otros.

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