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Alberto Romero de Urbiztondo
Desde octubre de 2016 hay en la Asamblea Legislativa una propuesta para la despenalización del aborto en cuatro causas graves; en agosto de 2017 se introdujo otra por dos causales. Quedan tres semanas de la actual legislatura, y la ciudadanía queremos que diputadas y diputados lleguen a acuerdos y legislen para mejorar nuestras vidas.
¿Por qué pienso que debe aprobarse la propuesta de despenalización? Primero, porque la Sala de lo Constitucional hace ya 10 años (en Resolución 18-98 de 2007) dijo a quienes legislan que resolvieran posibles casos de colisión de derechos entre la mujer gestante y el ser en formación, sin que el derecho de ninguno prevalezca sobre el otro. Segundo, porque esta problemática ya estaba resuelta en nuestra legislación, hasta que en 1997, sin consultar con ginecobstetras, sin un debate sereno y con base en criterios religiosos, se penalizó absolutamente el aborto.
Aunque últimamente se ha reducido la tasa de mortalidad materna, será difícil que siga disminuyendo, pues el 97.1% de muertes maternas fueron prevenibles en 1997, causadas por enfermedades preexistentes al embarazo, como cardiopatías, embarazos ectópicos, insuficiencia renal, lupus eritematoso sistémico o diabetes, ante las que la interrupción del embarazo era una posible opción. No olvidemos que el 30% de partos del país son de niñas y adolescentes, con datos terribles: 7 niñas de 10 años forzadas a ser madres, 8 de 11 años y 59 de 12 (datos 2015), producto de abuso y violación, pues el 98.9% de denuncias de violencia sexual son niñas y adolescentes. Además, se contabilizan, en los últimos cinco años, 42 suicidios de menores de edad debido a embarazos no deseados.
Diputados y diputadas, quiero que niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país puedan tener la opción de interrumpir un embarazo si pone en riesgo su vida o salud. Quiero que una niña embarazada, producto de abuso, no sea forzada a una maternidad que destruya su vida; la sociedad espera de ustedes una decisión informada y responsable, dejando a un lado el cálculo electoral y la confrontación partidaria, así como las creencias religiosas personales, legítimas, pero que no pueden imponerse a toda la ciudadanía.
Movimiento por una Cultura Laica (MCL),
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