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Diversas comunidades acompañadas de organizaciones sociales y ambientalistas, demandaron al Gobierno, proveer de atención en salud y restauración de un medio ambiente sano. Foto Diario Co Latino/Gloria Silvia Orellana

Poblaciones rurales demandan salud especializada ante la Enfermedad Renal Crónica

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Desde el año 2015 me vengo dializando en el Hospital Rosales, y les digo, enfrentar una enfermedad como esta no es fácil”, dijo Óscar Grande, oriundo del municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz, quien junto a su familia han sido trabajadores de la caña de azúcar.

Óscar Grande, junto a otros pobladores y acompañados por UCRES, UNES, CRIPDES, ARUMES y FESPAD, presentaron una serie de demandas exigiéndole al presidente Nayib Bukele, que gire instrucciones y verifique acciones concretas para reducir los riesgos de estas comunidades en sus derechos a la vida, la salud y el medioambiente sano, que deben de convivir en amplias hectáreas de este monocultivo.

El crecimiento de la industria cañera no es un mito, son 140,000 hectáreas de tierra cultivadas de esta agroindustria, que demanda una sobreexplotación del recurso hídrico e inunda con madurantes y pesticidas, agua, cielo y suelos en el país. Las organizaciones demandaron de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de Agricultura y Ganadería (MAG) la formulación e implementación de una política a favor de la agroecología.

“Ahora, con eso de los agrotóxicos, nos damos cuenta que no solo es San Luis Talpa, sino muchas partes del país. Han hecho un censo en las comunidades en donde los rodea los cañales y nos dimos cuenta que nos hemos contaminado, porque no tenemos agua potable y la tomamos de pozos y las tierras y aguas están contaminadas por los agrotóxicos. Y el Hospital Rosales no da abasto, ya solo nos dan tres horas (diálisis), cuando deben ser cuatro horas, dos días a la semana. Solo en mi familia son tres hermanos quienes han muerto (José Osnaldo, Medardo y Luis Neftalí) y mi padre (Luis) murió en junio de 2020, en lo mejor de la cuarentena y no tenemos apoyo de nadie, ni medicamentos, ando un sinfín de recetas que el hospital no da y claro dicen que el hospital está abastecido al 99 %, pero es mentira, nos devuelven las recetas y solo nos dicen -no hay-”, relató Grande.

Las consecuencias del cultivo de la caña de azúcar impactan directamente al medioambiente y la salud de los habitantes, expresó Bernardo Belloso, de CRIPDES, al señalar que la población afectada por la Insuficiencia Renal no tuvo ninguna oportunidad de acceder a una “asistencia especializada” para este padecimiento que demanda de diálisis y medicamentos, por el Gobierno nacional y local.

“Los ingenios azucareros han superado el número de hectáreas que fueron dispuestas para la producción de caña, ahora son 140,000 hectáreas de tierra que están siendo cultivadas con este monocultivo y a esto se les une el uso de agroquímicos para el control de plagas y madurantes, que son letales para el ser humano y el medioambiente, por la razón de generar más azúcar en la caña y ahora las aguas superficiales y subterráneas están siendo contaminadas, que son consumidas luego por la población y los casos de insuficiencia renal van en aumento. Solo en Tecoluca, en el Bajo Lempa, solo entre los dos primeros meses, murieron cuatro personas por enfermedad renal”, manifestó Belloso.

Cifras oficiales del Hospital Rosales dan cuenta de 9,908 personas fallecidas entre 2009 a 2018, a causa de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), aunque no descartan un aumento de víctimas desde el año pasado, por la cuarentena obligatoria, que cerró los servicios de atención a las enfermedades crónicas, para bajar la curva de casos por la pandemia de la COVID-19, algunos médicos especialistas han pedido reiteradamente una mayor inversión y más lugares para atender a estos pacientes en este hospital de Tercer Nivel.

Ana Dolores Rosales lamentó que, a la fecha, pese a reiteradas propuestas de regulación de una lista de agrotóxicos en la Asamblea Legislativa, no se cuenten aún con una normativa eficiente.

“El uso de pesticidas lo que representa es una amenaza para las comunidades agrícolas y no agrícolas de El Salvador; que se ve potenciada cuando el ministro (Pablo Anliker) de Agricultura y Ganadería en el mes de agosto de 2019 anunció en redes sociales que han llegado a un importante acuerdo para establecer relaciones de cooperación con la transnacional Bayer Monsanto. Por tanto, resaltamos nuestra preocupación por la falta de atención estatal, en materia de salud ambiental y social”, sostuvo.

Asimismo, denunciaron que el Gobierno se encuentra otorgando permisos para la industria azucarera en territorios que eran antes bosques de galería y para cultivos diversos, lo que implica que las comunidades de los alrededores se vean, afectados con sus cultivos de subsistencia.

Las comunidades demandaron también de los ministerios de Trabajo y Salud garantizar los derechos a la una vida sana y digna, atendiendo los casos de la Enfermedad Renal Crónica y el involucramiento en el respeto a los derechos laborales de los trabajadores agrícolas.

“El ministro (Pablo Anliker) de Agricultura y Ganadería debe, con urgencia, iniciar la formulación de una política que fomente la agroecología, la descontaminación de los suelos, estimular el policultivo y priorizar la agricultura para satisfacer la demanda alimentaria del país. Y el ministro (Fernando López) de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Declaración de San Salvador sobre el abordaje integral de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC), que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas, adoptada el 26 de abril de 2013, por los ministros y ministras de Salud de la Región del Sistema de Integración Centroamericano (SICA)”, puntualizó Rosales.

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