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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
La comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos dijo recientemente que la reapertura de la economía inicia este lunes con una población más orientada y consciente sobre los peligros que implica la pandemia de COVID-19, y con un Gobierno sin muchas capacidades para normar las actividades.
Recinos dijo que sigue siendo lamentable que el Ejecutivo haya quedado sin atribuciones para una mayor regulación de las actividades, debido a que la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa se lo han impedido.
“Este día amanecemos sin una herramienta, amanecemos con la voluntad del Ejecutivo, con un plan que tenemos estructurado, pero también amanecemos con una población que nosotros consideramos que ha ido tomando conciencia y por lo cual hemos ido bajando (los casos)”, dijo la funcionaria el lunes.
Agregó la funcionaria que los últimos doce días han sido esperanzadores porque los casos registrados de COVID-19 han venido reduciéndose de manera sostenida desde una cifra cercana a los 500 contagios diarios confirmados, va menos de 200, desde el domingo.
“Pero hay que recordar siempre que eso es lo que nosotros logramos captar, ningún país en el mundo ha sido capaz de hacer un tamizaje para el 100 % de la población, pero sí, eso nos da ya un indicador que las medidas venían teniendo efecto y podíamos tener una tendencia hacia la baja”, dijo la comisionada.
Recinos dijo que hay temor del Gobierno que la reapertura del transporte colectivo desde este lunes va a generar una mayor propagación de la enfermedad y vuelva a generar una tendencia hacia arriba, de la curva epidemiológica.
Por ello, desde el inicio de las actividades de movilidad, desde el lunes por la mañana, personal de diferentes instituciones de gobierno inspeccionan el cumplimiento de los protocolos sanitarios en las unidades de autobuses y microbuses, y el resto de la infraestructura de transporte, para reducir al mínimo el impacto de la reapertura de este sector en el tema de la pandemia.
Los funcionarios del Gobierno responsabilizan a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la apertura total de la economía, al dejar sin efecto un cronograma de retorno gradual de las actividades productivas que prolongaba una serie de restricciones.
Funcionarios han catalogado esa decisión como un ataque al Gobierno por parte de los magistrados y responsabilizan tanto a la Sala de lo Constitucional como a la Asamblea Legislativa por cualquier incremento de los contagios.
No obstante, la Sala, al declarar inconstitucionales los decretos del Ejecutivo les da los criterios para un nuevo decreto, pero para ello debe acordarle con la Asamblea Legislativa, pero el Ejecutivo se niega a discutir el tema con los diputados, tras justificar que “es pérdida de tiempo”.
