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Redacción Nacionales
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Las redes sociales se coparon este domingo por la mañana, pues grupos de ciudadanos e integrantes de organizaciones sociales, denunciaron la actuación arbitraria de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del ejército, que montaron retenes en las entradas a San Salvador por los cuatro puntos cardinales, para bloquear a quienes venían a participar de la marcha contra el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Con más de diez días de anterioridad la convocatoria a través del hastag #El17Marchamos, convocó a diversos sectores de la sociedad, gremios, mujeres feministas, defensores de derechos humanos, jueces y comunidades, que demandaron el respeto al Estado de Derecho en el país, entre la principal causa de la protesta.
“Los compañeros y compañeras que venían de la Junta de Agua del Proyecto Múltiple de Berlín” (Usulután) fueron detenidos, en el desvío en San Vicente, y otros compañeros que venían a participar a este evento”, denunciaron los participantes retenidos.
“Fueron agentes de la Policía Nacional Civil, no dieron razones, sencillamente no les permitieron pasar y nos preguntamos ¿Cómo es posible que nos violen el derecho de libre movilidad? En un supuesto Estado de Derecho tenemos derecho a expresarnos, a marchar y participar en actividades públicas”, manifestó Oscar Rodríguez, representante de la Junta de Agua de Berlín, Usulután.
Similar situación vivieron comunidades provenientes de Chalatenango. Los liderazgos de las mujeres discutieron y le reiteraron a los agentes que no les permitieron pasar, que no podían violentar el derecho a la movilización y la libertad de expresión de forma pacífica.
“Veníamos de Chalatenango, en tres buses, y por Aguilares un retén de policías nos pararon, nos bajaron, nos registraron y luego, comenzaron –como excusa- a pedirnos los permisos de los buses, algo que nunca se ha pedido. Y nos dijeron que sin ellos, no nos dejaban ingresar a San Salvador”, denunció la lideresa Rosy López.
“Entonces, cuando pidieron las llaves de los buses, nos pusimos en la calle y la cerramos para protestar. Y esto que lo pedimos y tratamos de negociarlo es por esto, que nos tomamos la Troncal del Norte”, manifestó López.
Asimismo, la Asociación de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, luego que pobladores y víctimas sobrevivientes a la Masacre de El Mozote, que provenían del municipio de Meanguera, Morazán, se dirigían a la participación de la marcha, y fueron retenidos, también denunciaron el hecho.
“Íbamos a participar para exigir justicia, y protestar contra los abusos de poder del presidente Nayib Bukele, por nuestros derechos, pero un retén policial nos detuvo en el departamento de San Vicente y no nos dejaron llegar a San Salvador”, informó uno de los afectados.
Asimismo, hubo denuncias de otro grupo de ciudadanos que venían del Occidente del país, y quedaron detenidos en la Las Delicias y la zona de El Poliedro, jurisdicción de Lourdes, La Libertad.
Las redes dieron testimonio también de integrantes de la diáspora que fueron retenidos en el desvío de San Rafael Cedros, entre Santo Domingo, cercanías de San Vicente.
Las denuncias fueron diversas, así como de lugares de acceso a San Salvador, como ciudadanos que verificaron por videos los retenes policiales en el redondel Integración y colonia La Gloria, y la Plaza Mundo en Soyapango.
La marcha de descontento por las medidas inconsultas de la administración del presidente Nayib Bukele, se suma a la del 15 de septiembre, en la cual, la población se ha expresado de manera masiva.
El endeudamiento millonario que podría superar el 96.4% del Producto Interno Bruto (PIB), la imposición de la Ley Bitcoin, y la denuncia del robo de identidades de personas que no han activado la Chivo Wallet; el alto costo de la Canasta Básica, los despidos masivos de empleados públicos y municipales sin cumplir el proceso legal, forman parte del descontento de la población.
Así también, las reformas a la carrera Judicial, las elecciones inconstitucionales y la usurpación de funciones en el área judicial, estuvieron presentes. Y las demandas sociales como salud, el derecho humano al agua, justicia para las víctimas del conflicto armado y educación entre otras deudas insatisfechas.
