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El Juzgado Séptimo de Instrucción recibió de parte de siete acusados de corrupción en el caso Cel-Enel, viagra un escrito donde solicitan que se tome en cuenta a un especialista en geotermia, malady propuesto por ellos para que incorpore al equipo de nueve peritos que ya trabajan en el peritaje financiero.
Ante la propuesta de los implicados en el sonado caso, troche el juez, Miguel Ángel García, estudiará el contenido de la petición y en el lapso de tres días hábiles resolverá conforme a derecho y notificará a los solicitantes.
Finalizada la diligencia, el imputado y ex ministro de Economía, Miguel Lacayo, manifestó que el objetivo de la solicitud de proponer al experto es para “balancear la cancha”, pues cree necesario que en el proceso esté un perito de la parte acusadora y otro representando a los acusados.
El pasado 25 de septiembre el juez García, juramentó a un perito experto en geotermia propuesto por la fiscalía y ofrecido por el Consejo Nacional de Energía Eléctrica para la elaboración del peritaje financiero.
La solicitud fue firmada por los acusados, Guillermo Sol Bang, Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Thomas Roy Hawk Baker, quienes son acusados de ser coautores en el delito de peculado, José Ricardo Palomo Deneke y José Vicente Machado Calderón, en calidad de cómplices necesarios en el delito de peculado.
Y Miguel Ernesto Lacayo Arguello, acusado de instigador en el delito de peculado. Se conoció que los únicos que no firmaron la solicitud fueron los imputados, Carlos Jacinto Chavarría y Julio Alberto Olano Noyola, según fuentes del juzgado.
La etapa de instrucción de este caso donde son acusados nueve ex funcionarios por peculado y falsedad documental agravada, finaliza el 23 de diciembre y se prevé que la audiencia preliminar se realice en enero de 2015.
Supuestamente, los acusados tuvieron participación en las irregularidades para gestar el contrato entre Cel- Enel. Incluso que se realizaron algunas diligencias que no eran permitidas por la ley, como no presentar la propuesta de contrato para ser avalado por la Asamblea Legislativa .
