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"Ninguna evidencia sustente ni la parte penal, ni mucho menos la parte civil", afirma Milton Rivas, hijo de uno de los líderes ambientalistas de Santa Marta. Foto Saúl Méndez.

Piden desestimar condena civil y mantener absolución para ambientalistas de Santa Marta

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), Santa Marta, presentó ante la Cámara de Segunda Instancia de San Vicente los argumentos en respuesta a la apelación interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR), que busca repetir por tercera vez el juicio en el que fueron absueltos cinco líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta y tres civiles, procesados por un presunto asesinato ocurrido en 1989, en el contexto del conflicto armado.

Además de oponerse a la nueva apelación, la defensa solicitó a la Cámara desestimar la condena de responsabilidad civil en abstracto impuesta a cuatro de los procesados.

De aprobarse la apelación de la FGR, los imputados irían a juicio por tercera ocasión, en un proceso que inició el 11 de enero de 2023, con la captura de los líderes antiminería.

En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque decretó el sobreseimiento definitivo de Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la FGR apeló ante la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, que anuló el fallo y ordenó repetir el juicio, esta vez en el Tribunal de Sentencia de San Vicente.

En el segundo proceso, los ambientalistas obtuvieron la absolución definitiva en septiembre de 2025, pero la Fiscalía ha vuelto a apelar tras conocerse fallo absolutorio en 2026. Según el Ministerio Público, los jueces “inobservaron” las reglas de la sana crítica, al valorar de forma incorrecta la prueba testimonial y documental.

Ante esta situación, la defensa contó con 10 días hábiles, tras la notificación de la Cámara, para presentar sus argumentos.

Luis Rivera, abogado y notario que conoce el caso, confirmó que la defensa respondió a la apelación fiscal y, a su vez, apeló la condena civil impuesta. Explicó que esperaban la decisión de la Fiscalía para repetir el juicio y que están preparados para enfrentar un nuevo proceso.

“Sabemos que hay una persecución política en este caso. Hay elementos suficientes que demuestran la inocencia de los compañeros ambientalistas”, afirmó Rivera. No obstante, esperan que la Cámara confirme tanto la absolución penal como la exclusión de la responsabilidad civil.

Milton Rivas, hijo de uno de los procesados, sostuvo que ninguna de las pruebas presentadas hasta ahora en los juicios por parte de la FGR ha sustentado la condena civil impuesta. A su juicio, la insistencia en repetir el juicio evidencia una persecución.

“Ya son dos audiencias donde se ha evidenciado que ellos no han cometido ningún delito. No entendemos la insistencia de la Fiscalía”, expresó.

Rivas recordó que los acusados permanecieron ocho meses en prisión preventiva y señaló que la condena civil en abstracto deja abierta la posibilidad de iniciar un nuevo proceso para cuantificar supuestos daños económicos.

Tras el vencimiento del plazo para apelar, la Cámara solicitará el expediente completo al Tribunal de Sentencia de San Vicente. Posteriormente, deberá decidir si admite los recursos y emitir una resolución. De no registrarse retrasos, el fallo podría conocerse a mediados de abril.

El periodista Leonel Herrera expresó en un artículo publicado en este periódico que: “La Fiscalía General de la (ex) República se muestra obsesionada por condenar sin pruebas a los ambientalistas de Santa Marta. O, ¿qué otra explicación tendría el hecho de intentar nuevamente revertir la libertad y pretender repetir el juicio contra los activistas antimineros, interponiendo un recurso de apelación contra el segundo fallo absolutorio?”

“la Fiscalía debería desistir en este caso y dedicarse a investigar verdaderos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, empezando por las masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares contra la población de Santa Marta durante el pasado conflicto armado.”, añade Herrera.

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