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FESPAD llamó a la FGR a actuar de oficio ante un posible cometimiento del delito de desobediencia de funcionarios, tras la negativa a cumplir con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en el recurso de habeas corpus. Foto Diario Co Latino/Archivo

Piden a fiscal actuar ante desobediencia de funcionarios a mandatos judiciales

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

La noche del jueves, alrededor de sesenta personas retenidas por supuestos motivos sanitarios en el Centro de Retiros Nuestra Señora de Monte Carmelo fueron trasladadas hacia el departamento de Morazán. La Corte Suprema de Justicia ya había ordenado que cumplieran cuarentena en sus viviendas, tras practicarles pruebas de COVID-19. 

Según manifestaron, llevan más de cuarenta días en detención, se les practicaron tres pruebas para detección de COVID-19 de las que todas dieron negativo y se encontraban a la espera de los resultados una cuarta prueba.

Un grupo de los retenidos se declaró en huelga de hambre y denunciaron, en un video que circuló en redes sociales, que fueron amenazados por el responsable del centro de cuarentena para que se abstuvieran de divulgar información sobre las condiciones en las que se encuentran resguardados.

La amenaza consistía en remitirlos a otros centros de contención, prolongando aún más su encierro de continuar con las denuncias. Al menos veintitrés de las personas en cuarentena fueron llevadas la noche de este jueves al oriente del país, mientras otro grupo fue trasladado hacia el centro de detención habilitado en la sede de Ciudad Mujer en el municipio de Colón, en La Libertad, y un grupo más del que se desconoce su destino.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se pronunció sobre los traslados y manifestó que varias de las personas en ese centro de contención están amparadas por la resolución del recurso de habeas corpus 205-2020, del pasado 25 de abril, que estableció como medida cautelar que “deben ser conducidas a su lugar de residencia para que cumplan obligatoriamente con la cuarentena domiciliaria, previa realización de las pruebas de COVID-19”.

FESPAD llamó al fiscal general de la República, Raúl Melara, a actuar de oficio ante un posible cometimiento del delito de desobediencia de funcionarios, tras su negativa a cumplir con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en el recurso de habeas corpus antes mencionado.

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