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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Movimiento Social y Contraloría Ciudadana, junto a familiares de víctimas del régimen de excepción, presentaron la mañana de este jueves, en la Fiscalía General de la República, varias peticiones para que investiguen la no vinculación de sus detenidos con las estructuras criminales, a través de sus familiares; los cuales también piden ser los defensores en el proceso.
La abogada Roxana Cardona explicó que se tratan de fichas donde se le expone al ministerio público los antecedentes penales de las víctimas del régimen donde demuestran que no tienen vinculación con pandillas; también, pidieron a la FGR que realice pruebas como la presentación de testigos, “esto significa que las familias están adoptando su propia defensa de sus familiares con base a que el Estado no lo está haciendo”.
Cardona dijo que en todo este proceso que las víctimas del régimen de excepción han enfrentado, se les ha estigmatizados y a las familias de los detenidos injustamente, se les invisibiliza; “esa estigmatización e invisibilización conlleva la nula participación y el acceso a la justicia; la justicia está siendo totalmente arreglada por parte del Estado y es por eso que estamos acá, porque las familias van a adoptar su propia defensa”. Cardona sostuvo que existen instituciones que, en teoría, deberían de garantizar que las víctimas colaterales del régimen se defiendan, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), pero “no están ayudando a que esta gente se defienda”, a pesar de que el artículo 12 de la Ley de la PGR establece que la institución debe hacer una defensa para las personas.
Las instituciones no les reciben documentos a los familiares de víctimas del régimen cuando son presentados, “les dicen que ya están condenados, aun cuando sabemos que estamos en periodo transicional del decreto 803 (decreto que otorga dos años de cárcel para detenidos en régimen de excepción) en donde el ministerio fiscal lo que está haciendo es, quitar a los imputados de una sede judicial para pasarlos a otro donde se va a terminar el proceso; en esos casos, la FGR no cuenta ni siquiera con ningún tipo de arraigo o si existen antecedentes penales”.
Por ello, Cardona planteó que ante la ausencia y la nula participación de la PGR en los procesos de las víctimas; con base al artículo 81 del Código Procesal Penal, el imputado defenderá a través de su familia. “Aquí la propia familia va a hacer su defensa, aquí no le estamos pidiendo la libertad de las personas, estamos pidiendo que la FGR investigue a las familias”.
El artículo 81 del Código Procesal Penal señala que “el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente y por medio de su defensor en todos los actos procesales y audiencias que impliquen la producción e incorporación de elementos de prueba y a formular él o por medio de su defensor, las peticiones que se consideren pertinentes. (…) el imputado o su defensor podrán identificar objetos o documentos que consideren probatorios y solicitar el auxilio judicial necesario para practicar las pruebas correspondientes”.
El régimen de excepción inició en marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios; la medida si bien ha generado tranquilidad en la población, ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas. De hecho, el mismo Estado ha reconocido que ha liberado a más de 7 mil personas por no encontrarles vínculos con pandillas; sin embargo, luego de pasar meses detenidos injustamente.
