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TeleSUR
A un año de la llegada al poder de Dina Boluarte, organizaciones sociales y movimientos de Perú convocaron para este jueves, viernes y sábado a movilizaciones nacionales para exigir la renuncia de la mandataria designada y el cierre de un Congreso al que califican de corrupto.
Bajo el eslogan “Que se vayan todos”, durante las movilizaciones se demandará además la reorganización del Ministerio Público, tras las denuncias por corrupción a la fiscal general Patricia Benavides (suspendida por seis meses), y que se revoque el indulto al expresidente y dictador Alberto Fujimori (1990-2000), liberado la víspera, quien cumplía condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad.
En Lima (capital), los movilizados se congregarán a partir de las 16H00 hora local en la Plaza Dos de Mayo. De acuerdo con medios locales, 7.000 comerciantes del Frente de Defensa de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en Arequipa (sur), marchan desde las 09H00 hasta las 14H00 hora local.
También se liberaron convocatorias para realizar movilizaciones en Berlín, Roma, Florencia, Milano, Torino, Barcelona, Madrid, París, Argentina (Buenos Aires), Nueva York, Los Ángeles, Washington D.C. y Montreal.
Entre otras justas reivindicaciones, los manifestantes exigirán la investigación de los asesinatos de más de 60 civiles durante las protestas que tuvieron lugar en diciembre de 2022 y durante el primer semestre de 2023, en las que amplios sectores reclamaron la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión luego de un golpe parlamentario.
Durante esas protestas también se exigió la celebración de elecciones anticipadas y la convocatoria a una asamblea constituyente, que pudiese dar paso a una nueva Constitución, capaz de superar la vigente, que data de 1993 y es reconocida como fujimorista y neoliberal.
Fujimori fue condenado en 2009 por el asesinato, por un escuadrón de la muerte que operó bajo sus órdenes -el grupo Colina-, de 15 personas en Barrios Altos (Lima), y el asesinato y desaparición de otras diez en la Universidad La Cantuta (provincia de Lima).
Fue indultado a fines de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego vacado por el Congreso. Kuczynski alegó la mala salud del dictador, pero lo hizo en realidad a cambio de votos de congresistas fujimoristas para evitar ser destituido por cargos de corrupción por el Legislativo.
Este jueves, tras su liberación, familiares de víctimas de la matanza de La Cantuta y otros grupos protestaron en el Palacio de Justicia contra la sentencia de indulto, aplicada por el Tribunal Constitucional y con el visto bueno del Gobierno de Boluarte. “Indulto es un insulto”, corearon los manifestantes.
