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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de paliar las afectaciones económicas que sufren los salvadoreños debido a los efectos de la pandemia del COVID-19, la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa estudian la Ley Transitoria para diferir el pago de Obligaciones Civiles y Mercantiles.
La medida tiene por objetivo que los salvadoreños puedan diferir el pago de obligaciones civiles y mercantiles correspondientes a marzo, abril y mayo de este año, las cuales podrán cancelarse en un período de 12 meses máximo.
“Tenemos la opinión de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, Defensoría del Consumidor e Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), quienes se mostraron de acuerdo con la legislación”, dijo Margarita Escobar, diputada de arena.
Para acceder a dicho beneficio, los salvadoreños interesados presentarán documentación que respalde su afectación ante los acreedores según lo requieran los sujetos obligados, quedarán excluidos del mismo quienes reciban salario o no hayan resultado afectados por la pandemia.
La legislación temporal abarca contratos de créditos y obligaciones crediticias en general contraídas con personas naturales o jurídicas no sujetas a supervisión a la supervisión de Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) sin que el pago genere intereses de cualquier índole, penalidades o acciones legales por incumplimiento de pago.
Las certificaciones emitidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) servirán como para que los interesados acrediten su afectación por COVID-19 ante los acreedores.
Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Economía, los legisladores conversaron con apoderados de las empresas de telefonía respecto al impacto provocado por el pago diferido de facturas de energía eléctrica y telecomunicaciones de marzo, abril y mayo.
La consulta responde a una nueva iniciativa de decreto transitorio estudiada por la instancia legislativa que plantea se difieran también los pagos de servicios de electricidad y servicios de telefonía correspondientes a junio, julio y agosto del presente año.
En relación al tema, la comisión acordó convocar a Nelson Fuentes, ministro de Hacienda y Frederick Benítez, titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para conocer su opinión sobre el impacto provocado por el pago diferido de servicios.
