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La procuradora general de Derechos Humanos Raquel Caballero hace un llamado al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén para que haga un estudio sobre las reformas a la Ley Penitenciaria. Foto Diario Co Latino.

PDDH niega que reformas a la Ley Penitenciaria tengan su aval

Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señaló que las reformas a la Ley Penitenciaria aprobadas por la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad no gozan enteramente de su aval como fue citado en el decreto.

“Ni mi persona, ni mi equipo técnico hemos participado en las últimas discusiones en el seno de la referida comisión, ni en las modificaciones finales al documento en cuestión”, afirmó la procuradora Raquel Caballero.

La titular de la PDDH aseguró que las reformas aprobadas el pasado 14 de agosto restringen de manera general e indeterminada algunos derechos humanos fundamentales y obstaculizan de forma inapropiada el ejercicio de otros.

Caballero indicó que, en cumplimiento a su mandato constitucional, presentó sus observaciones a la Ley Penitenciaria, entre las cuales destacaban la necesidad de mantener el control judicial de la decisiones administrativas que pudiesen afectar o restringir derechos de la población privada de libertad, para imponer límites temporales a las restricciones de derechos y que estas se ajusten a procedimientos respetuosos.

“Debo manifestar que apoyé algunas medidas propuestas encaminadas a restringir y controlar la información y las comunicaciones que se sostienen desde y hacia las cárceles, así como las medidas que favorecen la clasificación y el trato de internos atendiendo su peligrosidad, y a la gravedad de delitos, siempre que sea de forma respetuosa a sus derechos”, manifestó.

Son catorce las modificaciones realizadas a la Ley Penitenciaria, entre ellas se encuentran: la interrupción de las telecomunicaciones, ejecución de audiencias virtuales, restricciones de visitas para privados de libertad categorizados como de alta peligrosidad y la creación del régimen de máxima seguridad en el sistema penitenciario.

Caballero llamó al Presidente de la República a hacer un minucioso estudio de las reformas y, habiendo constatado las potenciales violaciones a derechos humanos, vete el decreto y formule las observaciones correspondientes.

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