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Presentan un acuerdo de reforma constitucional para que se modifique el inciso final del artículo 240 de la Carta Magna, el cual establece que el delito de enriquecimiento ilícito. Foto Diario Co Latino/Samuel Amaya.

Para sancionar en cualquier tiempo el enriquecimiento ilícito

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa presentó un propuesta de reforma constitucional para que se modifique el inciso final del artículo 240 de la  Carta Magna, el cual establece que el delito de  enriquecimiento ilícito sólo podrá incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento.

La nueva modificación dice: “El delito de enriquecimiento sin causa justa que cometan los funcionarios o empleados públicos es imprescriptible y, por consiguiente, pueden ser perseguidos en cualquier tiempo, aún cuando aquellos hubiesen cesado en sus funciones”.

Esto se debe porque en los últimos años ha existido en El Salvador muchos casos de enriquecimiento ilícito donde los funcionarios o empleados públicos han incrementado considerablemente su patrimonio mientras ejercen un cargo. Y cuando lo dejan se han llevado consigo bienes del Estado adquiridos ilícitamente, lo cual altera la seguridad jurídica y el orden económico del Estado.

La iniciativa establece que “es preciso adoptar todas las medidas necesarias para investigar y llevar ante la justicia a todos aquellos funcionarios, exfuncionarios empleados o exempleados públicos que sin causa razonable se apropiaron y debidamente de bienes del estado incrementando de esta manera su patrimonio sin poder justificarlo”.

Con esto, los parlamentarios que dieron su firma para la iniciativa, entre ellos el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, consideran que es obligación del Estado fortalecer el combate a la corrupción en El Salvador, regulando las actuaciones de los funcionarios y empleados públicos que manejan recursos del Estado para que no se benefician de estos y así mismo que los administran de manera transparente y con estricto apego a la Constitución y a las demás leyes de la República.

Esta iniciativa de reforma fue interpuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. De ser aprobadoda esta reforma, requiere ser ratificada en la siguiente legislatura, período 2021-2024.

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