Por Leonel Herrera*
Hace un año, la tristemente célebre “bancada cian” y sus aliados legislativos aprobaron -por orden de Casa Presidencial- la Ley General de Minería Metálica y anularon la ley prohibitiva que había sido resultado de un amplio consenso nacional por el agua, el medioambiente y la vida.
La nueva ley permisiva fue aprobada sin ningún estudio técnico, sin ninguna discusión, sin seguir el procedimiento de formación de ley y contra la opinión de la Iglesia Católica y las iglesias históricas, las principales universidades, las organizaciones y movimientos ecologistas y la mayoría de la población que rechaza la minería metálica en todas las encuestas.
La ominosa normativa fue avalada en un clásico “madrugón legislativo”, al mejor estilo de “los mismos de siempre” y en vísperas de la navidad, cuando la población está distraída en su cotidianidad y desconectada del acontecer político.
Consecuente con este modus operandi, el oficialismo aprobó ayer, con dispensa de trámite, nuevas reformas constitucionales complementarias a las que aprobó a finales de julio pasado, en otro “madrugón”, previo a las fiestas agostinas.
En esta misma “lógica madrugonera” el bukelato ha iniciado el despido de centenares de empleados del Seguro Social, que se suman al despido de 5,000 trabajadores en el sistema de salud público denunciado por el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y la Coordinadora Nacional de Defensa de la Salud (CONADESA).
Es probable que en la última sesión plenaria de la próxima semana sucedan otros “madrugones legislativos”; por tanto, la ciudadanía debería estar atenta para -al menos- denunciar las groserías que el bukelismo comete aprovechando que tiene el poder total.
Y en relación al “madrugón legislativo” que anuló la prohibición de la minería metálica, es urgente que las iglesias, las universidades y el movimiento ambiental (y la población que prefiere la continuidad de la vida frente a la amenaza mortal de esta nociva industria) exijan la derogación la ley aprobada en diciembre de 2024.
La minería metálica es la principal amenaza para el agua, la salud, los ecosistemas y la vida de las presentes y futuras generaciones. La extracción de metales preciosos también sería el “tiro de gracia” para el Río Lempa que ya sufre un grave deterioro debido a la contaminación con residuos orgánicos, químicos e industriales.
Como señalé en mi columna anterior, la reversión de la ley prohibitiva de la minería metálica también violenta el acuerdo de “Reconversión de Deuda por Naturaleza”, suscrito por el gobierno salvadoreño con su par estadounidense y el banco JP Morgan. En dicho convenio las autoridades salvadoreñas se comprometieron a mantener vigentes las normas de protección ambiental existentes, y una de éstas era la Ley de Prohibición Definitiva de la Minería Metálica.
Así que, ojalá, la población reaccione y exija revertir la reactivación de la minería metálica para poner nuevamente al país a salvo del desastre ambiental, social y económico que provocaría la más dañina de las industrias extractivas, sobre todo por el uso intensivo de agua y la contaminación del agua, aire y suelo con químicos mortíferos como cianuro.
Ojalá que así sea.
*Periodista y activista ambiental.
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