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Por Leonel Herrera*
La Fiscalía General de la (ex) República se muestra obsesionada por condenar sin pruebas a los ambientalistas de Santa Marta. O, ¿qué otra explicación tendría el hecho de intentar nuevamente revertir la libertad y pretender repetir el juicio contra los activistas antimineros, interponiendo un recurso de apelación contra el segundo fallo absolutorio?
En octubre de 2024, los líderes comunitarios fueron sobreseídos definitivamente por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque. Entonces, la Fiscalía recurrió a la Cámara Penal de Cojutepeque, logrando que ésta anulara la resolución y ordenara repetir el juicio en otro tribunal.
En septiembre de 2025 los defensores ambientales fueron absueltos nuevamente, en el segundo juicio realizado por el Juzgado de Sentencia de San Vicente. El fallo fue entregado el pasado 30 de enero, y otra vez la Fiscalía ha apelado la resolución solicitando nuevamente, por tercera ocasión, repetir el juicio porque “no comparte la decisión del tribunal”.
El recurso -como bien señala la Comunidad Santa Marta y las organizaciones sociales- “carece de argumentos, contiene vicios de forma y de fondo y, por tanto, ni siquiera debería ser admitido por la Cámara”.
Por economía procesal, la Fiscalía debería desistir en este caso y dedicarse a investigar verdaderos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, empezando por las masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares contra la población de Santa Marta durante el pasado conflicto armado.
Sin embargo, ante la insistencia fiscal, corresponde a la Cámara Penal de San Vicente cerrar este aberrante proceso judicial ratificando la absolución penal de los activistas antimineros y eliminando la responsabilidad civil establecida contra algunos de los imputados.
Como bien plantea el recurso presentado por los ambientalistas, “la condena civil en abstracto es improcedente porque no existe relación de causalidad entre los hechos penales imputados y la responsabilidad civil, la duda alegada por los jueces no está sustentada y la Fiscalía no presentó pruebas en el ámbito civil más que el peritaje psicológico de una de las demandantes”.
Igual que Santa Marta y las organizaciones, quien escribe este texto espera que el profesionalismo, la independencia, el sentido de justicia y la valentía de los magistrados de la Cámara hagan posible esta demanda. Los líderes ambientalistas deben recuperar plenamente su libertad y volver con total seguridad a sus actividades cotidianas: el país los necesita defendiendo el agua, el medioambiente y la vida.
Esto, especialmente, por la inminente reactivación de la minería metálica que podría concretarse con la implementación de un acuerdo comercial firmado por el gobierno salvadoreño y la administración de Donald Trump el pasado 30 de enero.
En dicho convenio extractivista, El Salvador se compromete a facilitar la inversión de empresas estadounidenses en la extracción de “minerales críticos” y “tierras raras”. Esto es una clara señal de que la amenaza minera se aproxima rápidamente poniendo en grave peligro el agua, los ecosistemas, la salud de la población y la existencia misma del país.
Por tanto, es pertinente y oportuno el llamado de Santa Marta y las organizaciones a todos sectores del país a cerrar filas con la demanda de revertir la ominosa Ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre de 2024 sin ningún estudio técnico, sin debate, sin consultar a los expertos y contra la opinión de las universidades, las iglesias y la mayoría de la población.
*Periodista y activista ambiental.
