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La corrupción en la administración del Estado salvadoreño fue una constante durante los gobiernos del partido ARENA, en complicidad de la burguesía oligarquía, las empresas transnacionales y los organismos financieros internacionales, lo cual ha imposibilitado el desarrollo económico y social de El Salvador.
Es así que la deuda adquirida durante los gobiernos de derecha ha constituido uno de los casos más notorios de fraudes y corrupción para el Estado, por lo cual enfatizamos que es urgente que se realice una Auditoría de la Deuda. En publicaciones anteriores de la Carta Económica se ha analizado el servicio de la deuda, la deuda previsional, la emisión de títulos valores y eurobonos, demostrando que tienen vicios de corrupción e ilegalidades en el marco de las leyes secundarias y de la Constitución de la República.
Para continuar en la lógica del análisis de la necesidad de una Auditoría de la Deuda, en este artículo se abordarán los préstamos en los que el Estado incurrió para la construcción del Proyecto Boulevard Diego de Holguín (hoy llamado Monseñor Romero), en cuya ejecución se dieron diversas irregularidades.
El costo total estimado del proyecto era de $46.4 millones, de esa cantidad 20.8 millones de dólares corresponden al Tramo I, en el cual hasta el momento no se registra alguna irregularidad y $25.6 millones era el costo estimado para la construcción del Tramo II y fue en este que se registran diversos hechos de corrupción.
En total, el Boulevard Diego de Holguín (Tramo I y II) terminó costando más de 73 millones de dólares (Ver cuadro N°1), de los cuales $20.7 millones corresponden a la construcción del Tramo I que se financió con parte de los recursos del préstamo N°1417 y $23.3 millones corresponden al tramo II, de igual forma financiado con recursos del préstamo N°1417, dicha cifra fue donde se registran varios hechos plagados de vicios de corrupción.
Los $29.7 millones restantes que se necesitaban para terminar la obra se financiaron de la siguiente manera: 7.9 millones del préstamo N°1417, $18.3 millones de un nuevo préstamo que no hubiese sido necesario si los recursos se hubieran utilizado de manera transparente y $3.7 millones contrapartida del gobierno.
Según lo describe el informe presentado por la Secretaria de Asuntos Estratégicos, el costo inicial del proyecto del tramo II era de 25.6 millones de dólares y terminó costando 53.1 millones de dólares. Al final el Tramo II tuvo un costo de $27.4 millones más de lo que se había presupuestado, producto de todos los hechos de corrupción que se dieron en la ejecución de este proyecto.
Cabe mencionar que ambos tramos se licitaron al mismo tiempo y el 19 de diciembre del 2005 se dio la orden de inicio del proyecto. El Tramo I se finalizó satisfactoriamente, mientras que el Tramo II fue abandonado, con un 52% de avance, según informe del peritaje .
Desde su inicio, el Tramo II del proyecto estuvo lleno de diversas irregularidades, comenzando desde el proceso de licitación. Ya que el diseño incorporado a las bases de licitación del proyecto de la Diego de Holguín fue diferente al autorizado originalmente y entregado por la empresa constructora. También se realizó una modificación del diseño conceptual, sin realizar las acciones preventivas a los problemas que generaría (Tramitación de permisos).
Asimismo, se asignó la adjudicación al Asocio Copreca S.A. – Linares S.A. de C.V, sin llenar los requisitos financieros y legales exigidos en las bases de licitación. También se dio un incremento del anticipo del 20% al 30% sin justificación y sin solicitud de los ofertantes. Esto refleja que las autoridades que estaban encargadas del proyecto beneficiaron descaradamente al Asocio.
Otra de las irregularidades fue la ausencia de monitoreo y supervisión oportuna en el uso de los fondos del anticipo, a pesar de ser exigido en las bases de licitación lo cual se demuestra en los estados Financieros de COPRECA-LINARES que no guardan relación con los pagos recibidos (como se analiza más adelante) y, por último, se modificó la cláusula de renuncia de arbitraje en contrato y la resolución de laudo arbitral en unos términos lesivos a los intereses del Estado, permitiendo el pago de obras que no se habían construido.
Las irregularidades arriba mencionadas y otras que se presentaron en diversas etapas del proyecto hacen necesario que se realice un análisis económico-financiero y jurídico, el cual permite establecer una estimación de los costos de las diversas anomalías.
a)ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
Las primeras irregularidades en términos económicos se dieron con el pago del anticipo a las empresas encargadas de la obra; las bases del contrato estipulaban que para dar un anticipo a las empresas se debía haber presentado la garantía correspondiente dentro de los 15 días después de la orden de inicio, pero contrario a lo establecido se pagó un anticipo de $5 millones a penas dos días después de dicha orden, asimismo, dos días después se dio el complemento de 2.6 millones de dólares. La garantía se otorgó con fecha anterior a la orden de inicio para favorecer el pago acelerado del anticipo a las empresas constructoras.
De acuerdo a las bases de licitación, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) debía verificar si dicho anticipo había sido usado conforme al plan de utilización del anticipo. A pesar de los diversos incumplimientos de la empresa y la falta de amortización fue hasta el año 2008 que se inició una auditoría interna, la cual demostró irregularidades por 5.8 millones de dólares que corresponden al 77% del valor de anticipo otorgado ya que no se contaba con los debidos registros contables que respaldaran el uso de los fondos.
La auditoría interna del MOP determinó faltas graves y confirmó los incumplimientos del Asocio, ya que los estados financieros de Copreca-Linares no guardaban relación con los pagos recibidos (Ver cuadro N°4). Debido a todas estas irregularidades el contrato se debió dar por terminado antes, conforme a las mismas bases y a la LACAP (Art. 94, lit. d)), aplicando la caducidad, lo cual no sucedió.
También, otra de las irregularidades cometidas se dio en el proceso de arbitraje y pago del laudo arbitral. En enero del 2008 el MOP aceptó modificar la cláusula de renuncia al arbitraje, aun conociendo que históricamente se han perdido en arbitrajes más de $29 millones (de 2005 – 2008). En ese mismo mes el Asocio solicitó el arbitraje y comenzó un conflicto entre el MOP y el Asocio COPRECA – LINARES, el laudo arbitral reclamado era de más de 7 millones de dólares por parte del Asocio, es así que en un lapso de 45 días calendario se inició el laudo arbitral y se dio la sentencia a favor del Asocio y el Estado fue condenado a pagarle los $7.04 millones.
En el monto a favor del Asocio se incluyeron más de $5 millones de costos sobre estimaciones de obras no realizadas. El laudo arbitral estableció que el MOP debía ampliar el plazo de ejecución en 10 meses, pero las obras nunca se realizaron. Todos los eventos con base a los cuales el Asocio solicitó el arbitraje, ocurrieron antes de la fecha de modificación del Contrato en la cual se eliminó la Cláusula de Renuncia Expresa al Arbitraje, por tanto eran conocidos por el MOP, con beneficio directo del Asocio.
Para el 20 de noviembre del 2008, el MOP había pagado por el laudo el valor de $5.04 millones y la obra no se había completado, se dejó en abandono, es decir que se pagó el 71% de total que debía pagar en concepto de laudo arbitral.
Además del anticipo otorgado, del laudo arbitral que el MOP tuvo que pagar, se realizaron tres pagos correspondientes al avance de la obra, los cuales se efectuaron sin que se verificaran los avances físicos del proyecto, es así como en el año 2006 el MOP había pagado $6.1 millones de estimaciones (avances), lo cual no se reflejaba en el avance físico de la obra, asimismo y a pesar de estas anomalías durante el 2007 se hizo un segundo desembolso por 773 mil dólares; por si fuera poco, en el año 2008 se dio otro desembolso de 3.8 millones de dólares, totalizando un pago de más de 10 millones de dólares en estimación de avance.
Todo lo anterior lleva a realizar una estimación del monto, producto de las diversas irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto, las cuales suman más de $23 millones de dólares, de los cuales $7.6 millones son derivados al pago de anticipos fuera de lo establecido en el contrato; $10.6 millones por pago de avance en el proyecto el cual no era coherente con el avance físico de la obra y $5 millones por el pago de un laudo arbitral que contó con diversas anomalías .
Nuevamente el equipo editorial de la Carta Económica saca a la luz el tema de la corrupción y enfatiza cómo los organismos financieros se vuelven cómplices al no realizar la respectiva supervisión de los proyectos antes de realizar los desembolsos. Cabe mencionar que se hace necesario conocer por qué razón el BCIE otorgó un segundo préstamo tomando en cuenta los diferentes hechos de corrupción que se dieron con los recursos provenientes del primer préstamo.
Está claro que el robo estuvo en el Tramo II del proyecto, lo cual le generó pérdidas financieras al gobierno por un préstamo que se pagó el 7.6% de interés y los fondos de contrapartida. De ahí la importancia y la necesidad de realizar una Auditoría de la Deuda que permitiría conocer otros casos con vicios de corrupción.
b)ANÁLISIS JURÍDICO
Después de haber conocido las irregularidades económicas en la ejecución del Proyecto Boulevard Diego de Holguín, ADESES hizo una auditoría jurídica inicial, a continuación en el Cuadro siguiente se presentan las anormalidades identificadas desde el punto de vista jurídico tomando en cuenta las leyes primarias y secundarias de El Salvador, las cuales indican una serie de violaciones a la legislación que demuestran la ilegitimidad del préstamo como resultado de las diversas anomalías en el proyecto.
El cuadro anterior es una muestra de las diversas irregularidades y violaciones a las diversas leyes por parte de los diversos funcionarios que administraron el proyecto, durante los gobiernos de ARENA. Dentro de las leyes que se violaron se encuentran: el Código Penal, Ley orgánica de Administración Financiera del Estado y la LACAP. Cabe señalar que los principales acusados de violar dichas normativas son los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y el Asocio Copreca-Linares.
Se comprobó que en el préstamo N°1417, específicamente en el proyecto del Boulevard Diego de Holguín (Tramo II), los funcionarios no desempeñaron su compromiso de hacer cumplir las leyes de la República de El Salvador. El BCIE no asumió su papel y compromiso de ente controlador de los fondos de préstamos para la construcción del Boulevard Diego de Holguín y en todo su período de desembolso permitió, al Estado salvadoreño, el desvío de fondos, ya que la obra quedó paralizada y el país quedó siempre endeudado.
Para concluir, es importante señalar que ha transcurrido más de un año desde que el Juzgado Quinto de Instrucción envió a juicio, por supuestas anomalías en la construcción del tramo II del boulevard Diego de Holguín, al exministro y viceministro de Obras Públicas, Jorge Nieto y Sigifredo Ochoa Gómez, así como a otros funcionarios y técnicos sin que hasta la fecha se haya programado el inicio del mismo. Estos funcionarios son procesados por peculado, falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes en la adjudicación, construcción y supervisión del tramo II del boulevard Diego de Holguín que le fue otorgado al Asocio Copreca-Linares, cuyo representante legal Jesús Hernández Campollo es prófugo de la justicia y tiene orden de captura internacional.
Por lo tanto, es importante que se investigue y se castiguen a todos los implicados en este hecho y que la impunidad no sea la que nuevamente reine en este caso. Además, se debe deducir la complicidad del BCIE en la corrupción del proyecto Diego de Holguín porque ¿cómo fue posible que realizara desembolsos sin la debida supervisión de los avances de la obra? y lo más grave ¿cómo aprobó un segundo préstamo para el mismo proyecto teniendo en cuenta los diversos hechos de corrupción cometidos? Para ello es necesario que el Gobierno tenga la voluntad política de realizar una Auditoría de toda la Deuda, ya que este tipo de fraudes la justifican y solo de esta manera se puede hacer justicia para el Estado salvadoreño. Es importante recordarles a las autoridades que esta acción de la Auditoría de la Deuda es y ha sido utilizada por varios países para resolver el problema de la deuda, el caso más simbólico ha sido Ecuador, que se eliminó 6000 millones de dólares de deuda por haber establecido que era ilegítima y la banca internacional tuvo que ceder.
1. Secretaria de Asuntos Estratégicos, Sub Secretaria de Transparencia y Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. Informe “Contratación, ejecución y uso de recursos del Proyecto Diego de Holguín Tramo II”, Mayo 2010.
