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El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador -en audiencia especial- cesó la detención provisional contra seis procesados, por el caso conocido como “Saqueo Público”, al haber cumplido 24 meses de detención este 11 de junio y basado en el artículo 8 del Código Procesal Penal.
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El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador ordenó ayer que seis personas procesadas por presunta corrupción en el caso Saqueo Público continúen el proceso judicial en libertad bajo medidas. El juzgado determinó que los imputados estarán bajo la supervisión de una persona que será la responsable para hacerlos comparecer al proceso, en caso de no cumplir podrían incurrir en responsabilidad penal.
Los imputados que recobrar su libertad este día son: Luis Miguel Ángel García, Ana Elizabeth Coto, Jorge Alberto Herrera Castellano, Rigoberto Palacios Panameño, Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza y el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Marciano Rivas, quienes son acusados de colaborar con el expresidente Mauricio Funes de presuntamente malversaron la cantidad de $351 millones de dólares.
Los imputados permanecían en detención desde junio del 2018.
El juez de Instrucción también cesó la detención provisional en este caso a favor de Francisco Rodríguez Artiaga, Pablo Gómez y José Miguel Meléndez Avelar, conocido como Mecafé, sin embargo, los tres guardarán prisión por otros procesos penales.
Por orden del juzgado, los imputados que recuperaron la libertad estarán bajo la supervisión de un familiar que se hará responsable para hacerlos comparecer al proceso, presentarse a firmar cada 15 días y no cambiar de domicilio son parte también de las medidas impuestas.
La Fiscalía General de la República acusa en el caso Saqueo Público al expresidente de la República Mauricio Funes, y a treinta personas más entre las que figuran varios miembros de su grupo familiar y un grupo de colaboradores cercanos por supuesto lavado de dinero y activos, peculado (desvío de fondos públicos), casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
Según la tesis fiscal, lo sustraído del erario público sumaría más de $351 millones. No obstante, el expresidente Mauricio Funes ha reiterado ser inocente, y que la acusación fiscal se basa en criteriados, es decir, otros procesados en otros delitos, a cambio de rebajarles la pena y otros beneficios a cambio de atestiguar contra los imputados.
