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Por Leonel Herrera*
La persecución contra personas críticas y activistas sociales en El Salvador no cesa. La semana pasada fue detenido Óscar Benedetto Sánchez, hijo César Benedetto Sánchez, ex funcionario de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y miembro del Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT).
El joven estudiante de medicina fue capturado en la ciudad de San Miguel y trasladado a bartolinas policiales en Ilopango, acusado por una supuesta “estafa de 300 dólares”. Las organizaciones denuncian que su detención es una represalia por el trabajo que su padre realiza como sindicalista y defensor de derechos humanos.
Es decir que, en vez de capturar a César Benedetto, el régimen detuvo a su hijo Óscar Bendetto. Los ideólogos y ejecutores de la guerra sucia de la dictadura saben muy bien que para un padre (o madre) es mucho más duro que detengan a su hijo, que si lo capturan a él mismo: es más sufrido, doloroso y angustiante.
Esta cruel y sádica estrategia aplicaron también contra Félix Ángel López, otro sindicalista miembro del MDCT, a quien le detuvieron a un hijo, en lugar de capturarlo a él. Félix López hijo fue detenido el 5 de febrero de este año cerca de su casa, cuando regresaba de trabajar. Hasta ahora, el padre no sabe dónde ni cómo se encuentra su hijo.
La captura de Óscar Benedetto Sánchez se da en medio de una serie de detenciones arbitrarias con claras motivaciones políticas, efectuadas en las últimas semanas, contra personas que representan a comunidades, defienden derechos o analizan críticamente la realidad nacional: Ángel Pérez, Alejandro Henríquez, Ruth López y Enrique Anaya Barraza.
La detención también sucede en un contexto de otras capturas arbitrarias, entre éstas la de un grupo de estudiantes de secundaria acusados de “intentar crear una pandilla”. Entre los detenidos hay cuatros jóvenes socorristas de Comandos de Salvamento, una reconocida organización humanitaria de atención en situaciones de emergencia.
Estos hechos indican que el actual gobierno mantiene una política de criminalización y persecución continua contra activistas, abogados y otras personas que considera “opositoras”; y al mismo tiempo profundiza una lógica de represión general, con el pretexto de evitar un eventual resurgimiento o reagrupación de las pandillas.
Así el país profundiza una peligrosa escalada represiva, cuyos resultados podrían ser un mayor autoritarismo y más violaciones de derechos contra personas inocentes. Y a esto se prestan policías, fiscales, jueces, magistrados y hasta la titular de la PDDH, funcionaria que guarda silencio cómplice ante terribles abusos contra gente que no tiene vínculos con maras.
Con el argumento de la seguridad y el pretexto luchar contra las pandillas (que según la misma propaganda oficial ya no existen o están desarticuladas) se ha desmantelado la institucionalidad, el debido proceso penal, las garantías judiciales y derechos ciudadanos a toda la población a través del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Como he planteado en otras ocasiones, el tiempo y los hechos han demostrado que el régimen de excepción no es (o ya no es) una política de seguridad pública. El régimen, prorrogado cuarenta veces en estos más tres años, ha servido fundamentalmente para anular la legalidad, cometer cualquier abuso y mantener un clima de miedo en la sociedad.
Este temor generalizado se confirma en la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), según la cual el 57.9% advierte que criticar al gobierno puede tener consecuencias negativas: el 20.9% considera que es algo probable y 37% cree que es muy probable. El 48.3% señala que las represalias pueden ser la detención y el encarcelamiento.
La encuesta de la UCA revela que por ese temor a represalias, el 59.5% de la población admite tener “más cuidado” cuando comparte opiniones sobre temas de la realidad en las redes sociales. Además de la detención y encarcelamiento, la gente también teme perder el empleo o ser atacada en redes sociales, entre otras consecuencias por criticar al gobierno.
*Periodista y activista social.
