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@GloriaCoLatino
Ramón Villalta, nurse del ISD, here informó que la próxima semana presentarán ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que interpele al Fiscal General Luis Martínez sobre el caso del expresidente Francisco Flores y valorar su destitución, por sus acciones, y por los señalamientos de sus viajes privados en las aeronaves del empresario Enrique Rais.
“La Fiscalía tiene el monopolio de la investigación y no podemos seguir con un Fiscal que toma actitudes discrecionales para llevar adelante procesos de investigación, porque últimamente él decide qué investiga y que no; porque dice que nadie le puede decir que investigar, cuando tiene una responsabilidad constitucional”, dijo.
Las declaraciones de Villalta se dieron en la presentación del Balance sobre la Situación de Transparencia, la Lucha contra la Corrupción y su Impacto en los Derechos Humanos, que ofreció la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (FESPAD), Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), en el marco de la “Semana de la Transparencia”.
Ramón Villalta, de la ISD, subrayó que la actitud del Fiscal Martínez ante la presentación de un aviso de corrupción contra el ex presidente Francisco Flores, que presentó la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, en dos informes consecutivos de investigación de los hechos, contenía claros indicios del delito de lavado de dinero.
“Este informe destaca que hay una estructura que involucra al sector financiero del país, involucra a instituciones y fundaciones vinculadas a partidos políticos y partidos políticos; en este caso a la Fundación Rodríguez Porth y al partido ARENA y dentro de esa estructura de lavado de dinero, el Fiscal Martínez ya dijo que no va investigar este delito, ni va a requerirlo ante un juez, entonces con estas discrecionalidades no podemos contar con él como fiscal”, señaló.
En cuanto a los señalamientos sobre sus viajes en aviones privados del empresario Enrique Rais. Villalta argumentó que la revelación no son los viajes, sino que, el administrador de la empresa tenía un proceso abierto en la Fiscalía General de la República.
“Aquí se puede pensar que se está generando una irregularidad, porque no hubo ni proceso judicial al empresario salvadoreño, es por eso que también estamos pidiendo su destitución”, aseveró.
Al análisis de las organizaciones no escapó el sector justicia, que también cuenta con fallas importantes. “Seguimos pendientes con 300 jueces, que la Corte Suprema de Justicia debe evaluar para su depuración y esos casos no aparecen en la agenda de Corte Plena”, observó Ramón Villalta.
“El Caso Flores ha sido evidente como un juez (Italmir Orellana) al que le anteceden cinco denuncias por faltas en el proceso, nos quedó demostrado que adelantó criterio al dejarlo en libertad, generó protección al imputado al dar reserva del caso y dio medidas sustitutivas que favorecían a Flores; entonces, con jueces de esta naturaleza es muy complicado que se aplique justicia”, recalcó.
Mientras, Leonel Herrera, de ARPAS, abordó el tema de Medios de Comunicación y Transparencia, del cual destacó el aspecto del comportamiento de las empresas mediáticas, en el manejo de la información que entregan al país.
Herrera expresó que la población salvadoreña puede cuestionar la transparencia de los medios de comunicación a partir de cómo estos construyen la agenda pública y cómo enfocan las temáticas de interés nacional.
“Con el caso de los terrenos del ISPFA y TERRAIN del que es socio el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, este es un caso donde hay mucho que decir, sobre la transparencia de los medios de comunicación como La Prensa Gráfica que han manipulado la información, han tergiversado datos y han omitido información que hubiera permitido un abordaje más integral y serio del tema”, argumentó.
Abraham Ábrego, de FESPAD, expresó que el balance desde la sociedad civil es un compromiso para continuar fomentando una cultura de cero corrupción y transparencia en beneficio de la población salvadoreña.
“En materia de acceso a la información hemos registrado avances sustanciales, que destacan el fortalecimiento institucional, como la apertura de las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) así como, la rendición de cuentas de las instituciones, aunque se debe ir mejorando mientras avanza las prácticas de transparencia”, dijo.
