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Redacción Nacionales
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Organizaciones sociales presentaron un escrito de pronto despacho ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para exigir una respuesta a la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería Metálica, interpuesta hace un año.
Los representantes de Justicia Social, Contraloría Ciudadana, VIDAS, la Mesa por una Pensión Digna y el Movimiento Ciudadano Alerta Carlos sostienen que la minería metálica atenta contra la vida y el medioambiente, especialmente por la contaminación de las cuencas hídricas subterráneas, fuente principal de agua para la población.
La abogada Roxana Cardina señaló que el silencio de la Sala constituye una violación al artículo 18 de la Constitución, pues esta instancia es garante de los derechos fundamentales.
Patricio Pineda denunció la represión contra líderes comunitarios en San Sebastián y Santa Marta, quienes estos últimos han sido absueltos en dos ocasiones, pero enfrentan un nuevo intento de juicio por parte de la Fiscalía por un delito que no cometieron. En San Sebastián (La Unión), al parecer, ya existe maquinaria para proyectos mineros y personal policial y militar.
Roxana Cardona advirtió que recientes reformas legales, como la derogatoria del artículo 10 de la Ley de Bancos, facilitan la entrada de inversión extranjera y la creación de asocios público-privados vinculados a la minería.
Según Roxana Cardona, el marco legal ya está listo para que las empresas mineras inicien operaciones. Ante ello, las organizaciones insisten en que la Sala debe pronunciarse y frenar lo que consideran una amenaza directa a los derechos humanos.
