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Saúl Méndez
Colaboradores
Organizaciones y movimientos sociales, entre ellos CONADESA, COFAPPES, MDCT y BRP, presentaron su balance anual sobre la situación de sectores clave como salud, educación, medio ambiente, derechos humanos, pensiones y arte en 2025. Los colectivos expresaron su preocupación por el rumbo de estas áreas, que se encaminan hacia la privatización y a una creciente precarización laboral.
Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) e integrante de la mesa ampliada de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña (CONADESA), afirmó que el actual sistema de salud enfrenta una precarización intencionada que busca llevar los servicios al colapso para facilitar su privatización.
“El boicot interno al sistema de salud refleja una clara intención de privatizarlo. La experiencia en otros países demuestra que estos procesos terminan segmentando a la población en clases A, B y C, donde solo quienes tienen recursos para pagar un seguro privado acceden a una atención adecuada”, sostuvo el médico internista.
Aguirre aseguró que la privatización no representa una alternativa viable para El Salvador, al tratarse de un país en vías de desarrollo que, además, enfrenta graves problemas de corrupción.
CONADESA advierte sobre un sistema de salud en crisis y en riesgo de privatización
Durante la presentación del informe de CONADESA, también se advirtió sobre una reducción significativa en los indicadores de salud a nivel nacional.
El dirigente señaló que, pese a los avances tecnológicos del siglo XXI, se ha registrado un incremento en la mortalidad infantil, particularmente en menores de cinco años, situación que atribuyó, en parte, a los recortes de la ayuda internacional destinados al país.
Recordó que la aprobación de distintas leyes ha limitado el aporte de organizaciones internacionales que anteriormente brindaban atención y apoyo a comunidades, caseríos y zonas de difícil acceso geográfico.
Aguirre también se refirió a los recortes presupuestarios en el sector salud. Aseguró que los incrementos reportados han sido financiados principalmente a través de préstamos.
Mencionó específicamente el caso de la telemedicina, que ha sido promovida como una solución estructural al sistema de salud, aunque hasta la fecha solo ha beneficiado aproximadamente al 3 % de la población, según indicó el médico.
Asimismo, CONADESA denunció reiterados desabastecimientos de medicamentos a lo largo del año, que han afectado entre el 30 % y el 40 % del listado oficial. El desabastecimiento incluyó fármacos esenciales para el tratamiento de hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas, lo que compromete la calidad de vida de los pacientes, afirmó Aguirre.
Entre los medicamentos faltantes, el internista mencionó fármacos oncológicos como el 5-Fluorouracilo, así como filgrastim y otros insumos que no fueron abastecidos en hospitales que atienden a pacientes con cáncer, lo que provocó un deterioro en la salud de numerosos usuarios.
El médico también alertó sobre la reaparición de enfermedades emergentes, como la malaria, y el riesgo de una nueva pandemia asociada a la influenza H3N2, la cual ya circula en Centroamérica y podría comenzar a registrar casos en el país.
Explicó que estas enfermedades se caracterizan por una rápida propagación que puede saturar las unidades de emergencia en corto tiempo.
Subrayó que el riesgo no se limita a poblaciones vulnerables, como adultos mayores o menores de dos años, sino que también afecta a personas inmunocompetentes, es decir, individuos sin enfermedades preexistentes.
Aguirre señaló que la falta de financiamiento para los esquemas de vacunación, anteriormente sostenidos con apoyo internacional, ha provocado una disminución en la cobertura de vacunación infantil en distintas comunidades.
Indicó, además, que más de 50 Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) han sido cerrados, lo que deja sin atención primaria directa a numerosas áreas geográficas que incluyen múltiples caseríos y comunidades, pese a que más del 80 % de la población depende de este nivel de atención.
También advirtió que el sistema sanitario atraviesa un escenario crítico, con hospitales saturados, emergencias colapsadas y una débil estrategia de prevención de enfermedades.
De cara a 2026, Aguirre anticipó una sobrecarga aún mayor del sistema de salud, agravada por la situación económica que afecta al poder adquisitivo de la población, lo que podría derivar en una crisis económica y un mayor gasto de bolsillo para las familias salvadoreñas.
Los despidos masivos por «supresión de plazas»
Sonia Viñerta, vocera del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) y representante de diversos movimientos sindicales, presentó un balance negativo sobre la situación de los derechos laborales en 2025 y advirtió un panorama adverso para 2026.
La dirigente señaló que uno de los principales retrocesos se ha dado en la estabilidad laboral, la cual ha sido gravemente vulnerada a través de despidos masivos en distintas instituciones públicas, según afirmó la sindicalista.
Indicó que, hasta octubre, las organizaciones manejaban un estimado de más de 18,500 despidos, cifra que calificó como conservadora debido al temor que enfrentan las personas trabajadoras para denunciar, producto de presiones de jefaturas inmediatas y de un clima de intimidación promovido desde el Gobierno.
Explicó que muchas personas despedidas optan por retirarse sin presentar denuncias formales, lo que contribuye a un subregistro de los casos y dificulta dimensionar el impacto real de los despidos.
Viñerta advirtió que esta cifra continúa en aumento, ya que durante los últimos meses del año se han registrado más despidos en instituciones como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la
Afirmó que el año cierra con un balance “totalmente adverso”, no solo por la pérdida de empleos, sino también por el debilitamiento del derecho de asociación sindical.
Según los registros del MDCT, al menos 481 sindicalistas han sido despedidos y más de 60 sindicatos han resultado afectados o han desaparecido. A juicio de la dirigente, responde a una estrategia política orientada a debilitar la organización sindical en las instituciones públicas.
Viñerta sostuvo que el objetivo de estas acciones sería eliminar la oposición y la resistencia frente a la vulneración de los derechos laborales.
«Conocemos de casos, donde la gente la han encerrado, donde la gente la han amenazado para evitar que vaya a poner una denuncia», alertó Viñerta.
La vocera reiteró que existe un subregistro en las cifras oficiales. Aunque el Gobierno anunció 11,000 despidos para este año, las organizaciones estiman que la cifra real podría acercarse a los 20,000.
Señaló además que una práctica recurrente ha sido realizar despidos al cierre del año, lo que reduce las posibilidades de reacción de las personas afectadas.
Viñerta concluyó que el balance general para la clase trabajadora es negativo y expresó su escepticismo sobre una mejora en la situación de los derechos laborales durante 2026.
Clima de persecución política
Lourdes Palacios, integrante del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador, la cual está afiliada a la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Presión Política, aseguró que en el país sí existen personas presas por motivos políticos.
La defensora de derechos humanos afirmó que, a lo largo de 2025, se ha profundizado un contexto de autoritarismo, represión y persecución política, evidenciado en las capturas de personas como Ruth López, Enrique Anaya, Alejandro Henríquez, José Ángel y Benito Lara, entre otros.
Palacios sostuvo que estas acciones contradicen las declaraciones oficiales que niegan la existencia de presos políticos en El Salvador y afirmó que las detenciones no solo han vulnerado el debido proceso, sino que en algunos casos responderían a actos de venganza, como el que atribuyó a la captura de Eugenio Chica.
También denunció la detención de exfuncionarios de gobiernos de izquierda desde 2021, entre exministros, personal de alcaldías y alcaldes, quienes han sido señalados y capturados por razones ideológicas, pese a las declaraciones oficiales según Palacios.
La representante señaló además casos en los que se habrían fabricado pruebas, lo que, a su juicio, refleja un deterioro institucional, particularmente en la Fiscalía General de la República (FGR).
Mencionó como ejemplo el proceso contra un grupo de veteranos encabezado por Atilio Montalvo, así como el del comunicador social Luis Menjívar, en los que afirmó se habrían presentado pruebas falsas, según investigaciones periodísticas.
Palacios cuestionó que las instituciones del Estado permitan este tipo de prácticas y aseguró que el sistema judicial actúa bajo órdenes superiores, sin garantizar juicios apegados a la ley ni la independencia de jueces y magistrados.
Indicó que organizaciones como COFAPPES manejan un listado aproximado de 85 personas que han pasado por prisión política en El Salvador, mientras que la persecución política también se refleja en el exilio de más de 50 periodistas, así como de activistas sociales y defensores ambientales.
Según Palacios, el número total de personas afectadas por estas prácticas superaría las 200, aunque advirtió que la cifra podría ser mayor debido a casos que no han sido documentados.
La defensora señaló que durante 2025 se ha intensificado la criminalización de personas que expresan opiniones críticas, situación que ha sido señalada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Palacios reconoció que la liberación de Atilio Montalvo, Alejandro Henríquez y José Ángel fue resultado de la lucha de las organizaciones sociales y de la solidaridad internacional, aunque subrayó que, pese a estos avances puntuales, el balance general en materia de derechos humanos continúa siendo negativo.
