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Antonia de Cabrera, miembro de COMADRES, y Carolina Constanza, representante del centro para la promoción de derechos humanos, “Madeleine Legadec”. Foto Diario Co Latino/ Rodrigo Sura

Organizaciones sociales demandan apertura de archivos militares del conflicto armado

@GloriaCoLatino

La reciente publicación del reportaje  “La red que exportaba niños de la guerra” en un diario digital, buy cialis ha motivado a las organizaciones sociales de derechos humanos a reiterar la demanda al Estado salvadoreño, doctor para la apertura de los archivos militares de la década de los años ochenta.

“No se puede fundar la paz, treat si no conocemos la verdad”, dijo Eduardo García, representante de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado (PROBUSQUEDA) quien junto a FESPAD y el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, esperan tener acceso a esos registros.

García afirmó que la publicación periodística cita documentación oficial del Ministerio de la Defensa, que como organizaciones solicitaron en octubre de 2013, a través, de la Ley de Acceso a la Información, pero les fue negada en alusión que ya no existían.

Carolina Constanza, del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, explicó que el artículo cita un procedimiento militar denominado en el reportaje “Operativo 10”,  que es similar a incursiones militares que investigan.

“Ese evento corresponde al mismo espacio y tiempo, en que según testigos ocurrió  la Masacre de Tenango y Guadalupe, del cual, según el Ministerio de la Defensa afirmó que dicha información no existía”, comentó.

Las organizaciones sociales demandaron del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, las diligencias pertinentes, a fin de permitir el acceso a estos archivos y establecer el paradero de miles de víctimas o identificar  los lugares donde fueron abandonados sus restos.

Constanza sostuvo que en noviembre de 2013 solicitan al  Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) una verificación “in situ” de los archivos militares. Y en febrero de 2014, la resolución en su contenido reconoce el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad y en correlación, el acceso a la información de esos registros castrenses.

“Después de todo este proceso  el Ministro de la Defensa, David Munguía Payés interpuso la denuncia en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, para que revierta el dictamen de la IAIP, y así evitar la entrega de los mismos”, manifestó.

Juan Carlos Sánchez, representante de FESPAD, reconoció que la demanda de las organizaciones sociales, no están en consonancia con intereses políticos partidarios, sino que, en cumplimiento de resarcir a las víctimas frente a los actos de lesa humanidad.

“En ese sentido independientemente que la cadena de mando pueda identificar sectores o personas en concreto –recordemos- que la guerra tuvo  un grupo de militares conocidos como la “Tandona”, que obviamente en algún momento tendrán que responder, pero lo que buscamos como organizaciones es la reparación a las víctimas y esto comienza con la verdad”, sostuvo.

Las organizaciones sociales reiteraron que muchas familias o sobrevivientes buscan solamente tener el pleno conocimiento del ¿por qué? de la desaparición, y el lugar donde se encuentran sus restos.

“Ellos y ellas quieren saber el por qué fue desarraigado de su familia un niño, una niña, que quedará a criterio de las familias el inicio de un proceso penal. La idea es que, si vamos a fomentar una verdadera reconciliación, esta no puede fundarse en una mentira”, puntualizó.

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