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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la falta de solidaridad del Estado y el Ministerio de Salud, diversas organizaciones iniciaron un proceso de adhesión y apoyo con los familiares del personal de salud fallecidos en la atención del COVID-19, para impulsar acciones conjuntas hasta lograr incidir en las diferentes instancias y cumplir con el decreto 723, el cual establece la entrega de una compensación económica y otros beneficios.
Laura Laínez, coordinadora de los familiares fallecidos a causa del COVID-19, señaló que cuando el personal de salud entrega la vida por atender a sus pacientes, el Covid es una enfermedad profesional, la cual pudo ser prevenida sí existieran los mecanismos efectivos de prevención, entrega oportuna y suficientes equipos de protección personal en los lugares de trabajo.
“Ante la falta de respuestas gubernamentales por más de un año, los familiares del personal de salud fallecidos en la atención al COVID-19, decidimos organizarnos y gestionar para que se cumplan la ley y otras demandas, consideramos urgente el reconocimiento de la memoria de cada mártir por la salud. La tragedia familiar se agrava por la falta de reconocimiento del Estado salvadoreño aspecto que agrega incertidumbre a cada núcleo familiar”, sostuvo.
Laínez recalcó que desde hace más de un año han demandado al Ministerio de Salud crear el registro oficial de personal de salud fallecido por covid; a la Asamblea Legislativa incluir la partida presupuestaria 2022 para el cumplimiento de la ley y además la reforme, a fin de incluir al personal de salud del sector privado y sin límite de fecha, fallecido desde marzo 2020 hasta la actualidad.
A la alcaldía de San Salvador piden la construcción de un monumento conmemorativo y la plaza ecológica, en honor a los mártires de la salud, frente al hospital Rosales.
“Nos encontramos con los niveles más altos desde el inicio del primer caso en el país, cada personal de salud debe tener claro lo duro que si enferma y Dios no quiera muera por una enfermedad profesional de COVID-19, pues no le reconocerán sus derechos, por ello la importancia en apoyar a esta justa lucha y tenemos que hacer valer nuestro derecho de vida”, enfatizó.
Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, calificó de penoso el hecho que los familiares del personal de salud deben organizarse con apoyo de las organizaciones para buscar el reconocimiento del Estado salvadoreño, no solo económico, sino como un agradecimiento público desde el gobierno a estos empleados que ofrendaron la vida en el cumplimiento de su misión.
“Esto es un tema de justicia, aquí están demostrando lo que el trabajador de salud representa para el gobierno, para el Colegio Médico es un orgullo participar de esta lucha, reiteramos el llamado a solidarizarse, ya que el día de mañana podemos ser cualquiera de nosotros”, aseguró Brizuela.
Según Jonathan Sisco, abogado de Cristosal, como organización comprometida con la defensa de los Derechos Humanos dan el respaldo y acompañamiento a las víctimas del sector salud, a fin que el Estado cumpla con el decreto 723, el cual establece que el Ministerio de Salud debe crear un registro de todos los fallecidos de salud a causa de Covid, pero actualmente ya no lo están cumpliendo.
“El Estado dio mascarillas que no llenaban los requisitos para guardar la salud del personal de primera línea, a regañadientes nació el decreto 723, porque el Estado no quería reconocer ni cumplir sus obligaciones, el 6 de abril de 2020 fueron las enfermeras las primeras en exigir que se les diera el equipo adecuado”, externó.
El Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende informó que hasta la fecha se registran 222 personas de primera línea fallecidos por atender el COVID-19, de estos 43 corresponde a 2021, de esta cifra 16 son médicos, 8 de enfermería, 8 del área administrativa y 10 de otras profesiones.
