Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
En el contexto del noveno aniversario de la Ley de Prohibición de la Minería que el oficialismo derogó en diciembre de 2024, organizaciones sociales hacen un llamado al Gobierno para que la minería en El Salvador vuelva a estar prohibida.
El 23 de diciembre de 2024, es decir, un día antes de la NocheBuena, el oficialismo aprobó la Ley General de Minería para permitir proyectos mineros en El Salvador; con ello, derogó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en 2017 luego de una incansable lucha social y comunitaria.
Las organizaciones, en una conferencia de prensa señalaron este 30 de marzo que, en 2017, “El Salvador se convirtió en un hito, al aprobar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Nuestro país le demostró al resto del mundo que es posible poner el agua, los ecosistemas, la salud y la continuidad de la vida por encima del afán lucrativo y los intereses económicos de las empresas extractivistas”.
La normativa se aprobó como resultado de un amplio consenso nacional, en el cual los diversos sectores sociales, religiosos, gremiales, políticos y académicos coincidieron en que la minería metálica “no es viable”, debido a que El Salvador es territorialmente pequeño, densamente poblado y con un grave deterioro ecológico.
La ley prohibitiva de la minería se aprobó tras doce años de lucha social y fue escrita “con la sangre” de mártires ambientalistas, como Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, quienes fueron “cruelmente asesinados por defender a sus comunidades amenazadas por proyectos mineros en el departamento de Cabañas”, señalaron las organizaciones.
El fray Joaquín Garay, señaló que es especialmente preocupante el creciente estrés hídrico, ya que El Salvador “es el país con la menor disponibilidad de agua dulce en Centroamérica”, con apenas 3,000 metros cúbicos anuales por persona y el 95% de los ríos, quebradas y otros afluentes “están altamente contaminados”.
Las organizaciones señalaron que entre los daños más graves de la minería metálica están la escasez de agua, debido a su uso intensivo; y la contaminación con químicos tóxicos, como cianuro, que causan insuficiencia renal, diversos tipos de cáncer y otras enfermedades mortíferas. En El Salvador, el peligro incluso es mayor ya que la mayoría de proyectos mineros están sobre la cuenca del Río Lempa, el principal afluente nacional.
La ley que prohibía la minería en El Salvador fue derogada “en un clásico madrugón legislativo”, pues, los diputados oficialistas aprobaron la nueva Ley General de Minería Metálica “sin debate, sin estudios técnicos y sin seguir el procedimiento de formación de ley”.
“La nefasta normativa también se aprobó sin tomar en cuenta la opinión de la Iglesia Católica y las iglesias históricas, las principales universidades, las organizaciones ambientalistas y la mayoría de la población que rechaza la minería en todas las encuestas”, señaló el fray en la conferencia de prensa. La mayoría de la ciudadanía considera que la minería causaría daños irreversibles y que el beneficio económico es solo para las empresas mineras.
De hecho, la misma iglesia católica ha pedido al Gobierno derogar la Ley de Minería, ha presentado incluso firmas en la Asamblea Legislativa para su derogación; sin embargo, el oficialismo y el Gobierno han omitido estas preocupaciones.
Las organizaciones informaron que el pasado 29 de enero, el Gobierno suscribió un «Acuerdo de comercio recíproco» con Estados Unidos, para facilitar que empresas mineras de ese país exploten minerales del subsuelo salvadoreño, incluidos metales preciosos y radioactivos. Dicho acuerdo también plantea la posibilidad de instalar centrales nucleares y almacenar desechos radioactivos en El Salvador.
Lourdes Palacios, exdiputada de la Asamblea Legislativo, quien participó en el proceso de discusión y la votación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, señaló que al Legislativo le tomó 11 años de estudio concretar la acción.
“Hubo opiniones científicas que demostraban el enorme daño que la minería metálica le causa al país. Y todas esas opiniones que durante 11 años en la Asamblea se estuvieron tomando para que finalmente se aprobara una ley que tenía como retrospectiva la participación social, comunitaria y científica”, comentó Palacios.
Lourdes Palacios agregó que con la Ley de Minería “lo que se está haciendo es dejar a expensas del capital internacional, de esos monopolios mineros, de esas empresas transnacionales mineras, los daños que se van a causar en El Salvador”.
Silverio Morales, líder de los pueblos originarios, señaló que la Ley de Minería «atenta contra la vida del ser humano, de los animales y de todo el ecosistema». “Por eso, como pueblos indígenas y organizaciones sociales, nos unimos a defender la vida y luchamos por la vida, queremos vivir en un ambiente sano”.
Por lo tanto, las organizaciones pidieron la derogación de Ley General de Minería Metálica para garantizar un futuro para las presentes y futuras generaciones.
Debe estar conectado para enviar un comentario.