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Redacción Nacionales
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Las Organizaciones defensoras de Derechos Humanos mostraron su rechazo a las reformas de la Constitución de la República, promovida por el presidente Nayib Bukele, mediante la comisión ad hoc, pues no cumple con los requisitos que exige la ley, en especial porque modifica las llamadas “cláusulas pétreas”, al introducir cambios significativos en el sistema político y la forma de gobierno.
Saraí Molina, del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES), manifestó que en la reforma se contempla la creación de un Tribunal Constitucional independiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), elimina el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyas funciones serían reasignadas a un Instituto Nacional Electoral y una Sala de lo Electoral.
Asimismo, dijo que la modificación del artículo 189 de la Constitución da competencia exclusiva al Colegio de Abogados y Notarios, como la única instancia para proponer candidatos a cargos de segundo grado, entre ellos magistrados, fiscal general, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, entre otros.
“Nos oponemos en algunas propuestas dado que su aprobación implica graves retrocesos a la garantía de derechos e institucionalidad democrática, como la eliminación del artículo 85 de la Constitución que prohíbe la existencia de un partido único; y deja abierta la posibilidad en el artículo 7 de legalizar a grupos armados más allá del ejército y la Policía Nacional Civil (PNC)”, afirmó.
Milagro Alvarado, de la Colectiva feminista para el Desarrollo Local, enfatizó que de acuerdo al artículo 248 de la Constitución, las reformas constitucionales deben ser elaboradas y presentadas al menos por diez diputados de la Asamblea Legislativa, no de forma vertical desde la Presidencia de la República.
“La propuesta que se ha dado a conocer presenta modificaciones en 215 artículos, suponiendo prácticamente una nueva Constitución que debería contar con un amplio debate y consenso social”, afirmó Alvarado.
Bessy Ríos, feminista y defensora de derechos humanos, hizo un llamado a la población para oponerse a las propuestas de reformas que suponen un grave retroceso al sistema democrático, y promover las acciones necesarias que garanticen el ejercicio pleno de los derechos fundamentales; mediante procesos amplios de participación, transparente y progresivo que no sean iniciativas directas del presidente de la República, sino de los diversos movimientos sociales que han demandado sus derechos durante décadas.
“Proponemos a la ciudadanía iniciar un proceso de reformas constitucionales del pueblo, que garanticen mayores derechos, participación democrática y seguridad jurídica en lo relativo a que toda persona tiene derecho a la vida, integridad física y moral, a la libertad, al agua y saneamiento, al aire y la alimentación de calidad, a la protección de sus datos e información personal, educación, seguridad, trabajo y al respeto sus derechos humanos contra cualquier vulneración”, externó.
Otra de las propuestas es establecer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, los cometidos contra la libertad sexual, genocidio, crímenes de guerra y crímenes por odio; así como instituir para personas trabajadoras un bono económico resultante de las ganancias de las empresas pagadero en junio; ampliación del fuero a personas candidatas a cargos sindicales, así como el derecho al reinstalo.
Entre tanto, la representante del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, Amalia López, sostuvo que el presidente Bukele, junto al partido Nuevas Ideas y otros aliados, ha dado muestra de desinterés por respetar y promover el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho, al invadir la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada y la PNC y desobedecer las resoluciones anteriores de la Sala de lo Constitucional.
“El partido bukelista y sus aliados han destituido ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, han aprobado una reforma que invade funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y promueve la jubilación obligatoria de un alto porcentaje de jueces y fiscales, sin que se cumpla el debido proceso y violentando derechos laborarles”, reiteró.
Además, la Asamblea Legislativa controlada por un único partido afín a los intereses del presidente Bukele ha desconocido el trabajo e iniciativas ciudadanas en anteriores legislaturas, al mandarlas al archivo sin discusión ni análisis, dejando así atrás años de lucha de los diversos movimientos sociales del país.
A criterio de Karla Guevara, integrante del Colectivo Alejandría, previamente a un debate sobre reformas constitucionales es necesario restablecer la institucionalidad democrática en el país, por lo que las organizaciones demandaron el reinstalo de los magistrados de Sala de lo Constitucional y fiscal general de la República.
Indicó que es necesario la derogación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Ley Orgánica de la Fiscalía, que obliga la jubilación y suprime el derecho a la seguridad, estabilidad e independencia a jueces y fiscales; derogación de la “Ley Alabi”, que da inmunidad a personas e instituciones ante demandas por irregularidades en compras o servicios durante de la pandemia por COVID-19. “Pedimos que la FGR investigue los 12 casos que comunicó la CICIES, por presuntas acciones de corrupción de funcionarios del actual gobierno; además, la derogación de las declaraciones de reserva de información pública, en la Asamblea Legislativa e instituciones de gobierno; restitución de funciones y autonomía del Instituto de Acceso a la Información, retirando propuesta para declarar reservada la información oficiosa de Ministerios e instituciones públicas”, exhortó Guevara.
Las organizaciones exigieron ratificar la reforma constitucional aprobada en la legislatura 2018-2021, a los artículos 2 y 69 de la Constitución que reconocen el derecho a la alimentación, derecho humano al agua y su saneamiento constituyendo un bien público. La derogación de la Ley Bitcoin la cual fue creada sin y frenar la instalación de iniciativa de minería informática bitcoin en El Salvador.
Morena Herrera, feminista y defensora de DD.HH, aclaró que las organizaciones marcharon este 15 de septiembre por voluntad propia, sin ninguna imposición, sino como una necesidad de expresar sus demandas del restablecimiento de la institucionalidad democrática al país.
Aseguró que fueron testigos como grupos infiltrados en la marcha pretendían provocar desórdenes, en algunos casos lograron frenar esa acción provocadora, se desligaron de los disturbios y daños que pudieron haber causado, pues hay fotografías de quienes cometieron dichos actos.
Lamentó que el presidente Bukele no muestre una posición de escuchar las demandas sociales de la ciudadanía, “es una desconsideración a la gente que con mucho sacrificio se movilizó, y decir que llegaron sin saber a qué iban; eso es despreciar al pueblo que pretende defender”, reiteró.
