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Oscar López
@Oscar_DCL
Organizaciones sociales realizaron el foro denominado: “Políticas Públicas de Seguridad para la garantía de los Derechos Humanos en El Salvador”. Las organizaciones plantean que las políticas públicas, o planes enfocados a incrementar los niveles de seguridad, deben ejecutarse tomando como base el respeto a los derechos humanos, ya que cuando los cuerpos de seguridad se enfocan en la represión del delito, en muchos casos estos actores estatales violentan dichos derechos.
Celia Medrano, directora Regional de Programas de Cristosal indicó que se pretende reflexionar sobre la importancia de la garantía de los derechos humanos en las acciones de seguridad pública, ya sean políticas o la implementación de planes relacionados con la seguridad.
“No se trata de que sean defensores de derechos humanos defendiendo derechos de delincuentes, queremos que se reflexione de que avalar, aplaudir o provocar la justificación de derechos humanos de los otros, terminará revirtiéndose a la violación de derechos humanos de todos, en detrimento de una sociedad que para considerarse segura está dispuesta a avalar que se destruya al otro”, declaró Medrano.
De igual forma, Medrano agregó la seguridad de otros no puede justificarse sobre la base de la destrucción de un “enemigo”, por lo que es necesario reflexionar que si como sociedad se está dispuesto a tolerar que otros sean “destruidos”, también se acepta que terceros quieran destruirnos.
“Después de doce años de conflicto armado, después de treinta años de impunidad sobre graves hechos de violación a los derechos humanos, cuyos autores aún persisten en condiciones de impunidad, no podemos estar hablando de que tenemos una sociedad en la que hay buenos y malos y los malos deben de ser destruidos, esa ilusión es dañina y va a revertirse a nosotros mismos como sociedad”, argumentó Medrano.
En cuanto a la ejecución del Plan de Control Territorial que tiene componente represivo del delitos, la directora Regional de Programas de Cristosal externó: “hoy por hoy estamos viendo el ejercicio de la facultad del Estado de reprimir como punto fundamental, y ya se están procesando personas que no han cometido delitos por los cuales públicamente ya han sido condenados”.
Lo anterior fue en referencia a la detención de dos jóvenes, que en un primer momento fueron acusados de ser los responsables de dos agresiones sexuales y del asalto a un autobús de transporte colectivo. Investigaciones posteriores determinaron que no eran responsables del hecho y fueron procesados por resistencia al arresto.
Al respecto, Leonor Arteaga representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), declaró que El Salvador tiene veinte años de ejecución de políticas de seguridad públicas enfocadas en la represión. “Nos interesa sumarnos a las estrategias del gobierno, a la preocupación por la seguridad pública pero nos interesa que se haga en el marco de políticas públicas respetuosas de derechos humanos”, dijo.
