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Redacción Nacionales
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Este 11 de agosto, se cumplen 31 meses desde que se capturaron a los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES; la comunidad pide que sean absueltos definitivamente por lo que esperan un fallo favorable el próximo 21 de agosto, fecha en que el Juzgado de Sentencia de San Vicente dará a conocer la decisión.
La comunidad y organizaciones sociales indicaron en una conferencia de prensa que los detenidos enfrentan dicho proceso judicial luego de una acusación “falsa”, cuyo “objetivo real” era perseguirlos judicialmente por denunciar la reactivación de la minería metálica.
De hecho, el Gobierno de Bukele volvió a reactivar la explotación minera, al derogar la Ley de Prohibición de la minería y aprobando una nueva normativa. A los ambientalistas se les señala de cometer un supuesto asesinato durante el conflicto armado. La comunidad organizada señala que la acusación “sin pruebas” montada por la Fiscalía General de la República “es en represalia por la denuncia de Santa Marta y ADES sobre las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica.
“La falsedad e improcedencia del caso contra los activistas ambientales quedaron demostrados con el sobreseimiento definitivo dado por el Juzgado de Sentencias en Sensuntepeque, en octubre del año pasado, cuando de manera unánime las tres juezas que integran el referido tribunal establecieron que la acción penal era imposible debido a la prescripción de los supuestos delitos”. Sin embargo, el fallo absolutorio fue revertido “abusivamente” por la Cámara Penal de Cojutepeque, a petición de la Fiscalía General, y ordenó repetir la vista pública, la cual se desarrolló a finales de julio y su falló se dará a conocer este 21 de agosto.
Alfredo Leiva, dirigente de ADES, señaló que “la falta de pruebas y la inocencia de los ambientalistas” también quedaron demostrados en la repetición del juicio realizado hace dos semanas por el Tribunal de Sentencia de San Vicente. “Nuevamente, la Fiscalía no pudo probar la existencia de los hechos imputados y mucho menos la participación de los acusados en su cometimiento. Su única prueba es el relato contradictorio de un sospechoso testigo de referencia. No hay cuerpo del delito y ningún otro elemento probatorio”.
En ese sentido, Leiva y la comunidad hicieron un llamado al Juzgado de Sentencia de San Vicente “a que resuelva con legalidad y justicia” y absuelva a los defensores del medio ambiente.
Leiva también instó a las autoridades a derogar la Ley General de Minería Metálica, ya que abre las puertas a los proyectos mineros. La Ley General de Minería se aprobó un día antes de Navidad, el 23 de diciembre de 2024; de manera inconsulta con la población.
La iglesia católica ha pedido en reiteradas ocasiones derogar la Ley General de Minería e incluso, llevaron más de 150 mil firmas a la Asamblea para solicitar a los legisladores que derogaran dicha ley. Sin embargo, la Asamblea no se ha pronunciado sobre el tema.
Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud (FNS), señaló que, en el país, aún existen jueces que se apegan a derecho, por lo que esperan la libertad absoluta de los cinco líderes de Santa Marta: Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Fidel Recinos
“El Tribunal de Sentencia de San Vicente debe tener claro que la fiscalía no tiene pruebas y que no existe ningún delito. Así es que pedimos que por lo menos, a pesar de esta coyuntura que se tiene, haya jueces sensatos y justos que garanticen todavía la libertad de estos compañeros que solo defienden la vida y el territorio de los proyectos de muerte”, puntualizó Murillo.
La comunidad también se pronunció sobre las reformas a la Constitución de la República. Alfredo Leiva sostuvo que estas “buscan perpetuar en el poder al gobernante de turno y culminar el proceso de consolidación dictatorial en el país”.
