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Las organizaciones que conforman la Fundación Red de Sobreviviente y las personas con discapacidad denunciaron que en el país no existen planes, programas y políticas públicas concretas de atención a este sector de la población, por lo cual pidieron aprobar lo más pronto posible la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad en El Salvador.
Asimismo, las organizaciones señalaron que el Gobierno es el responsable de crear mecanismos para exigir a todas las instituciones públicas y privadas el cumplimiento de los derechos de estas personas; sin embargo, debido a la falta de una ley las personas con discapacidad han sido discriminadas e invisibilizadas durante la situación de emergencia y crisis humanitaria generada por el COVID-19.
A 12 años de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la cual El Salvador es parte, la Fundación Red de Sobreviviente exigió al Gobierno, Asamblea Legislativa, órgano Judicial, Ministerio Público, alcaldías y empresa privada a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad.
“Lamentablemente, no tenemos instituciones serias y comprometidas con el sector con discapacidad, como resultado tenemos una alta discriminación y falta de reconocimiento de nuestros derechos. Lo poco que se ha logrado ha sido gracias al esfuerzo y tenacidad de las organizaciones sociales; nos ha tocado incidir ante la Asamblea Legislativa, teniendo como resultado un tenue apoyo, que a la fecha se traduce en que aún no tengamos una ley vigente”, externaron las organizaciones mediante un comunicado.
Recientemente, el Comité Unido para el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad (CUDIPD) afirmó que durante la emergencia del nuevo coronavirus el Gobierno les ha excluido, al no brindarle a este sector de la población la atención y protección desde el enfoque de los derechos humanos. Asimismo, exigieron proveer apoyos necesarios para personas con discapacidad en los centros de contención, mediante el suministro de medicamentos, alimentación adecuada, accesibilidad en infraestructura, bienestar físico y psicosocial, así como todas las adecuaciones y adaptaciones que se necesite, según el tipo de discapacidad.
