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@AlmaCoLatino
Con una dramatización frente a Catedral Metropolitana, salve pharmacy organizaciones feministas pidieron a las autoridades la despenalización del aborto.
Las organizadoras manifestaron que esta actividad forma parte de las acciones conmemorativas del día Internacional a favor del aborto, online stuff y como una forma de concientizar a la población para que apoye esta medida.
Cada 28 de septiembre, remedy las mujeres que integran estas organizaciones reafirman de manera contundente que el aborto legal y seguro es una cuestión de derechos y democracia, y que, el aborto ilegal constituye una forma de violencia estatal.
La principal exigencia de estas mujeres es que el Estado despenalice el aborto, elimine las barreras legales y de implementación para garantizar el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad, libre de requisitos, tutela o consentimiento marital o parental.
En siete países de América Latina y el Caribe, entre estos Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana, el aborto está totalmente prohibido y penalizado. En la mayoría de los otros países de la región, donde la interrupción del embarazo está permitida bajo algunas circunstancias, las autoridades no garantizan su acceso de forma segura, gratuita y libre de estigma.
Ya sea por la prohibición o por la falta de garantía de servicios adecuados, muchas mujeres recurren a la interrupción del embarazo en la clandestinidad, con lo que se pone en riesgo su salud y sus vidas. El 95% de los abortos practicados en América Latina y el Caribe son inseguros y aproximadamente 11% de las muertes maternas ocurre como consecuencia de abortos inseguros.
En la región, más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones que surgen como producto de aborto inseguros.
A criterio de las manifestantes, estas cifras parecen carecer de importancia para las autoridades que dejan de lado o rechazan debatir y legislar sobre esta situación, en base a una falsa o doble moral sustentada en supuestos dogmas de fe.
Según representantes de las organizaciones feministas, la penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son ellas quienes interrumpen sus embarazos bajo condiciones de alto riesgo.
Asimismo, consideraron que la penalización constituye un tema de injusticia social que fomenta y profundiza las raíces de la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase y condición migratoria, entre otras.
