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Por Leonel Herrera*
Nayib Bukele dice que no dijo lo que dijo. El martes 13 de octubre habló sobre un plan para liberar a -al menos- un 50% de los que él llamó “colaboradores de las pandillas”, a quienes se les propondría una libertad anticipada “aún si son culpables”. Sin embargo, tres días después acusó a los medios de tergiversar sus declaraciones y trató de desdecirse de sus afirmaciones.
“Al mejor mono se le cae la manzana”, dice el dicho. Y Bukele, aparentemente imbatible en su narrativa sobre seguridad y régimen de excepción, no previó que su cambio de discurso tendría dos consecuencias significativas y de alto impacto en la opinión pública.
Por un lado, al admitir que hay personas detenidas que no deberían seguir en prisión, Bukele inevitablemente dio la razón a quienes lo vienen planteando desde el periodismo investigativo, el análisis crítico y la denuncia de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, comités de familiares de víctimas de detenciones arbitrarias y sectores de oposición política (A todas estas organizaciones, instituciones, medios y personas Bukele y sus propagandistas acusaban de “defender a pandilleros”, solo por pedir la libertad de los detenidos inocentes.
Y, por otro lado, al anunciar la salida de prisión de “colaboradores de pandillas” “aún siendo culpables”, Bukele provocó temor en la población que no quiere que regresen las pandillas (ni sus colaboradores); y al tiempo, Bukele causó dudas y confusión entre sus seguidores, a quienes había convencido de que liberar a pandilleros (y sus colaboradores) era objetivo de la oposición política.
La fanaticada no entendía cómo el propio Bukele proponía hacer aquello de lo que acusaba a la oposición, con una diferencia: la oposición pide liberar a los presos inocentes, mientras que Bukele habló de liberar a “colaboradores de las pandillas”. Su base electoral entró en shock al ver que -en la práctica- ahora era él quien decía “¡libérenlos ya!”
Por eso el retroceso de Bukele, buscando retractarse de lo que dijo. El autogolpe a su narrativas más importante y fuerte era tan grave como para no intentar revertirlo. Sin embargo, lo dicho dicho está y la grieta se abrió; como hay grietas discursivas en otros ámbitos, especialmente en temas económicos, ambientales y de imagen internacional.
Tarde o temprano, el régimen de Bukele caerá por sus propios errores: abusos de poder, falta de transparencia y rendición de cuentas, corrupción galopante, excesivo endeudamiento público, falta de solución a problemas estructurales del país y ausencia de respuestas a demandas sentidas de la gente como el alto costo de la vida, el desempleo, los bajos ingresos, la falta de vivienda, entre otros.
Pero, por ahora, todavía lo sostiene la popularidad resultante de la mejor situación de seguridad pública en relación con el actuar de las pandillas, el único logro y sobre el cual el gobierno ha articulado su relato más efectivo. Sin embargo, el quiebre de esta narrativa, provocado por declaraciones del propio Bukele, podría ser el inicio del fin de su alta aprobación popular.
Eso explica por qué Bukele acompañó sus “aclaraciones” del viernes 16 de octubre con un supuesto sondeo de opinión que confirma su alta aprobación social. Según esta sospechosa encuesta, el “92%” de la población apoya al gobierno y el “98%” respalda su política de seguridad.
En sus declaraciones del martes 13, Bukele también expresó que “quisiera quitar el régimen de excepción”, pero que todavía lo necesita para “capturar a remanentes de pandillas”. Esto también revela el callejón sin salida que representa la dificultad de terminar con el régimen de excepción porque, por un lado, el régimen es condición necesaria para cometer impunemente cualquier abuso e ilegalidad, para hacer negocios, para mantener con miedo a la gente y para reforzar el autoritarismo.
Pero, por otro lado, el régimen de excepción constituye un problema creciente de desgaste político para Bukele, mala imagen internacional de su gobierno y es un grave obstáculo para atraer inversiones que buscan reglas claras, instituciones independientes y seguridad jurídica.
Dichas condiciones democráticas están totalmente ausentes en un régimen de excepción que mantiene suspendida la legalidad, el debido proceso y garantías constitucionales fundamentales como libertad de expresión e información, organización y movilización, inviolabilidad de las comunicaciones y derecho defensa, para la toda la población.
Esta falta de institucionalidad y de separación de poderes, además, fue confirmada por el propio Bukele, quien en sus declaraciones del martes 13 y del viernes 16 mezcló su rol presidencial con los del fiscal, del procurador, los jueces y magistrados. Así Bukele confirma claramente su actitud dictatorial y revela que él (y sólo él) define quién es culpable y quien no, quien debe salir de la cárcel y quien no.
El momento es, pues, oportuno para que las comunidades y organizaciones, la ciudadanía democrática y toda la población decente, respaldadas por la comunidad internacional, se expresen y demanden con más fuerza la libertad de los detenidos inocentes y de los presos políticos, el fin del régimen de excepción y el establecimiento del debido proceso, la legalidad y el estado de derecho.
*Periodista y activista ambiental.
