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Redacción Nacionales
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Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la CIDH que el régimen de excepción en El Salvador se ha convertido en una política permanente de control social, marcada por detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal. El Estado fue el gran ausente en la audiencia pública.
Carlota Roby, abogada senior para América Latina del Robert Kennedy Human Rights Center, dijo que, en El Salvador, el régimen de excepción ha pasado a ser una medida permanente. Esta medida fue aprobada el 27 de marzo de 2022 para “combatir a las pandillas”.
“Se ha normalizado como herramienta de seguridad pública, persisten suspensiones de garantía clave, incluyendo el plazo máximo de detención administrativa, el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones, permitiendo que una persona permanezca detenida hasta 15 días sin ser presentada ante una autoridad judicial”, dijo Roby.
A la fecha y según las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 93 mil personas, de estas, solo en el primer año se capturaron a 65 mil. Recientemente, el Gobierno reveló que el sistema penitenciario cuenta con 120,956 personas, “lo que refleja un índice de hacinamiento global del 170%, incluyendo las 40 mil del CECOT. Las cárceles comunes operan con un índice de hacinamiento de 344.82%; operan a más del triple de su capacidad. Los datos reflejan que una de cada 50 personas está privada de libertad en El Salvador”, consideró Roby.
Las organizaciones que se presentaron a la audiencia como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario y Robert Kennedy Human Rights Center señalaron que, desde los primeros meses del régimen, se han documentado patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, negación de atención médica y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana.
“Las muertes bajo custodia son una de las consecuencias más graves de este patrón, un patrón que es sistemático y generalizado, con motivos fundados para creer que constituyen crímenes de lesa humanidad e implican la responsabilidad penal individual de las más altas esferas del poder, incluido el propio presidente Bukele”, destacó Carlota Roby.
A juicio de David Morales, de Cristosal, en El Salvador, el régimen de excepción “se ha convertido en una política permanente que busca imponer control social y político y que ha dado lugar a prácticas de terrorismo de Estado”, ya que Cristosal en 2024 logró identificar 1178 capturas y en la mayoría de casos eran detenciones arbitrarias; se utilizó fraudulentamente la figura de la flagrancia para imputar el delito de agrupaciones ilícitas.
En la CIDH, las organizaciones informaron sobre la documentación de la práctica de la tortura, antes y después de las capturas, entre estas palizas, torturas de posición, rociamiento de gas pimienta, colgaduras de las extremidades, asfixias por sumersión y hasta choques eléctricos. “Nuestras investigaciones verificaron que un número significativo de personas detenidas, miles, son inocentes sin vinculaciones con los grupos de pandillas”, destacó Morales.
Muchas personas murieron producto de las torturas y los tratos inhumanos. Cristosal ha verificado, mediante una investigación, 454 muertes de personas bajo custodia del Estado salvadoreño, 33 de ellas mujeres, 3 niñas y un niño. “Hemos determinado que en el 78% de los casos de muertes, las víctimas no tenían vinculaciones con pandillas”, destacó Morales.
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SHJ), planteó varios casos sobre detenciones arbitrarias, como el caso del sindicalista José Leónidas Bonilla, quien murió debido a la negligencia del Estado para proveer sus medicamentos. Planteó también sobre el caso de Santos Navarro, un hombre comerciante de frutas y verduras que padecía de enfermedades; lo capturaron y le fabricaron los cargos; murió luego de una infección que el Estado se negó a atender.
En ambos casos; “los expedientes clínicos dejaban constancia de violaciones a derechos humanos, pero las denuncias fueron archivadas cínicamente como muerte natural. En todos ellos vemos el mismo patrón, detención sin fundamento legal, criminalización de gente honrada, denegación deliberada de medicamentos, tortura física y psicológica, y una absoluta impunidad institucional”, puntualizó Escobar.
Bukele y el plan para liberar a colaboradores de pandillas
Sobre las recientes declaraciones del presidente Bukele sobre la posibilidad de liberar a colaboradores de pandillas ocasionales, las organizaciones cuestionaron internacionalmente “¿Quién va a decidir y analizar estos 10 mil casos?, ¿Qué va a pasar con personas inocentes que el propio régimen ha reconocido que podrían existir?”.
El relator de país de El Salvador, comisionado Riyad Insanally también cuestionó sobre “¿Quién va a determinar qué colaboradores se beneficiarían de esta medida? ¿Quién revisará e investigará los más de 10 mil casos para determinar quién colaboró de manera ocasional? ¿Quiénes tendrán prioridad? ¿qué ocurrirá con las personas inocentes?”.
Por ello, las organizaciones pidieron a la CIDH que le solicite información al Estado sobre estas acciones y que, además, le ofrezca asistencia técnica. “En El Salvador, el reto no es elegir entre seguridad y derechos. El reto es construir un modelo de seguridad que siga siendo efectivo, sin requerir excepciones permanentes a las garantías constitucionales y a los derechos fundamentales”, pidió Carlota Roby.
Gobierno no asistió a la audiencia pública de la CIDH
En la audiencia, el Gobierno de El Salvador fue incapaz de defenderse ante los señalamientos que hicieron las organizaciones de sociedad civil, ya que no estuvo presente.
Sobre la ausencia del Estado salvadoreño en la audiencia de la CIDH, David Morales afirmó que esto solo se explica por “una política generalizada de opacidad” y de negación de las violaciones a derechos humanos que ocurren “de forma sistemática” bajo el régimen de excepción. Morales lamentó que esa política de Estado, “tan generalizada a nivel interno”, ahora se manifieste frente a la Comisión, un órgano que representa a la OEA.
