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Alma Vilches
@AlmaCoLarino
Diversas organizaciones de la sociedad civil exigen a la Fiscalía General de la República investigar la liberación ilegal de Élmer Canales Rivera, cabecilla de la Mara Salvadtrucha 12 conocido como “Crook”.
“Condenamos el actuar delictivo de los funcionarios públicos involucrados en la liberación ilegal de “Crook” y exigimos a la Fiscalía General de la República una pronta investigación de los responsables intelectuales y materiales”, expresa un comunicado conjunto publicado en conferencia de prensa.
Entre las organizaciones están la Alianza Nacional El Salvador en Paz, Resistencia Ciudadana, Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, Movimiento de Trabajadores Despedidos, la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna y la plataforma SUMAR, pidieron investigar a los funcionarios involucrados en la liberación ilegal de Elmer Canales, líder de la MS-13, alías el Crook.
“Si el Fiscal General no actúa inmediatamente, podría ser cómplice”, sentencia el pronunciamiento suscrito por la Alianza Nacional El Salvador en Paz, Resistencia Ciudadana, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares (CSMP), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna y SUMAR.
“Las organizaciones rechazamos los pactos del gobierno con criminales, condenamos el actuar delictivo de los funcionarios públicos que se han visto involucrados en la liberación ilegal del Crook, exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR) una pronta investigación de los responsables intelectuales y materiales”, expresó Fran Valdivieso, representante de Residencia Ciudadana.
Las organizaciones cuestionan que “mientras libera a criminales como Crook, el gobierno mantiene cruelmente encarceladas a miles de personas inocentes capturadas arbitrariamente durante el régimen de excepción”.
Sostienen que “al menos 20,000, de los más de 70,000 detenidos, no tienen relación con pandillas; muchos de ellos incluso tienen orden judicial de excarcelación, pero la Dirección General de Centros Penales incumple impunemente dichas resoluciones”.
“Quien pacta con criminales también es criminal”
Las organizaciones también señalan que los pactos con pandillas son otra razón para anular la candidatura de Nayib Bukele, además de la prohibición constitucional de la reelección presidencial continua.
“Rechazamos la inconstitucional pretensión de reelegirse de un presidente cuyo gobierno ha permitido liberar a jefes pandilleros condenados por asesinatos, secuestros y otros crímenes; y exhortamos a la población a la población a demandar transparencia y rendición de cuenta por estos hechos. Quien pacta con criminales también es un criminal”, señalan.
Poner fin al régimen de excepción y abordar seriamente la seguridad
Las organizaciones urgen esclarecer la situación de seguridad del país y proponen una hoja de ruta para un “abordaje serio y responsable del problema”, la cual implica tres acciones.
La primera es “poner fin al régimen de excepción que suspende injustificadamente derechos ciudadanos, genera abusos contra personas inocentes, ha instaurado un clima de miedo y hace más opaca la gestión pública”. Aclaran que esto no significa liberar a quienes han cometido delitos: “los criminales, incluyendo los que han pactado con pandillas, deben estar en la cárcel y los inocentes en libertad”, afirman.
La segunda es “construir una política integral de seguridad que combine eficazmente acciones de represión del delito, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción de privados de libertad y prioritaria atención a las víctimas de la violencia”
Y la tercera es “abordar las causas estructurales de la violencia relacionadas con el creciente desempleo, el aumento de la pobreza, las desigualdades y la exclusión causadas por la injusta distribución de la riqueza y la falta de oportunidades, especialmente para las y los jóvenes”.
